En este sentido, reclaman que el SAM de la Diputación de León, pueda nombrar con carácter de urgencia 25 funcionarios interinos, y el Consejo Comarcal del Bierzo otros 5, para atender a las Juntas Vecinales respectivas.
Al respecto, la federación nacional reunió hoy en León a representantes de más de dos tercios de las juntas vecinales del Estado, procedentes de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi o Cataluña. Durante el encuentro, los responsables de las ELM recalcaron que “la norma no tiene en cuenta la diversidad de las entidades locales menores en España” y advirtieron de que “está produciendo el colapso en los propios ayuntamientos”, explicó González-Antón. “Ahora mismo no hay recursos ni humanos ni materiales para aplicar el decreto, la administración local española no está preparada”, insistió.
Esta situación se produce debido al “grave déficit de funcionarios” existente en la administración local, que provoca que “muchos ayuntamientos ni siquiera tienen secretario propio, lo comparten con otros”, aseguró el presidente de Concejos de España. “No se van a poder rendir cuentas desde el punto de vista legal”, vaticinó González-Antón, que lamentó que “el perjudicado será el ciudadano que tenga que tramitar cualquier asunto con una entidad menor”.
En la misma línea, el presidente de la federación nacional lamentó la “falta de diálogo” del Ministerio y realizó un llamamiento a los partidos políticos para que “dejen de utilizar a las juntas vecinales como herramienta de pelea y las potencien con herramientas electrónicas y con personal suficiente”.
Medidas concretas
Pese a las críticas al texto, González-Antón afirmó que Concejos de España “está a favor de que exista un control interno y externo de las cuentas de las entidades y que se haga por una persona profesional”, pero reclamó al Ministerio que apruebe “con carácter de urgencia” un periodo transitorio “de un año como mínimo” para crear las plazas necesarias.
La petición se hará llegar por carta al ministro Montoro tanto desde la federación nacional como desde las distintas federaciones regionales. Además, para evitar potenciales “conflictos de interés” entre las juntas vecinales y los ayuntamientos, Concejos de España reclamará que el texto tenga la “flexibilidad suficiente” para permitir que los funcionarios que se ocupen de las juntas vecinales no sean los mismos que los de los ayuntamientos.
Además, la federación promoverá que todos los alcaldes pedáneos envíen cartas al Ministerio para pedir que se les exima de responsabilidades en el caso de que el colapso provocado por la nueva normativa los lleve ante los tribunales por no poder atender alguna petición y provocar un perjuicio a alguno de sus vecinos en asuntos como la certificación de subvenciones. “Es una irresponsabilidad enorme aprobar una ley en la que hay tantos afectados”, criticó González-Antón.
Por otro lado, la federación promoverá también la recuperación del nombre de concejos para estas ELM que funcionan como “primer escalón de la administración local”. “Somos la ventanilla más cercana para el ciudadano rural”, recordó González-Antón, que lamentó que la modificación de la ley de contratos del sector publico sumada a la entrada en vigor del Real Decreto y de la Ley de Administración electrónica -cuya aplicación tendrá lugar en octubre- provoca que las ELM se enfrenten a una “tormenta perfecta”, debido a que las soluciones previstas para los problemas ocasionados por las nuevas normativas siempre llegan en forma de “planes que acaban en el ámbito municipal y no tienen en cuenta a las juntas vecinales”.
El caso de Castilla y León
En el caso de Castilla y León, que concentra gran parte de las ELM del Estado, González-Antón reclamó una reforma de la Ley de Régimen Local ante el “mal funcionamiento” de la actual normativa. En ese sentido, exigió a la Junta que paralice la ordenación del territorio y ponga en marcha “un diseño desde abajo hacia arriba” que no cometa el mismo error de “quedarse en el ámbito municipal”.
En ese sentido, criticó la “asimetría” existente en los territorios de la Comunidad. “Es inconcebible que el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de León tenga un único funcionario de habilitación nacional, mientras que en Valladolid hay ocho, con un número parecido de municipios”, remarcó. Además, según el presidente nacional, el agravio comparativo es mayor si se tiene en cuenta que en la provincia vallisoletana hay nueve ELM y en León hay más de 1.200.
Al respecto, González-Antón consideró que el número adecuado de funcionarios que operasen como secretarios especializados en juntas vecinales en el SAM debería situarse en “un mínimo de 25 o 30” y que las subvenciones directas de la Junta deberían otorgarse “en función del número de administraciones que haya” en el territorio.