La conformidad alcanzada entre las partes antes del juicio, señalado el 16 de febrero, también contempla el alejamiento con un radio de 300 metros de las jóvenes durante tres años y el pago en concepto de responsabilidad civil de 22.500 euros a cada una.
Según la sentencia, consultada por Ical, el condenado frecuentaba el domicilio del hermano de su pareja, donde residía con sus hijas en Ciudad Rodrigo, a menudo para llevar a su hijastro y primo de estas, y “se aprovechó de tal relación” para cometer los delitos contra las menores que entonces contaban con 16 y 12 años, respectivamente, y por los que han tenido que recibir “variada y continuada atención psicológica”.