La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha reiterado su oposición a la puesta en marcha de las 15 Unidades de Gestión Clínica en la Comunidad -dos de ellas en El Bierzo- tras la publicación de la orden por parte de la Consejería de Sanidad en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este miércoles.
El director provincial de Sanidad del sindicato CSI-CSIF, Pedro Núñez, insiste en que esta decisión lo único que "busca es la privatización encubierta sectorial", porque "se trata de una medida economicista que lo que pretende es ahorrar dinero a costa de la sanidad pública", algo que repercutirá de manera directa en los profesionales y usuarios.
"¿Cómo se decidirá que un paciente se lleve a la unidad de gestión o al servicio normal?", cuestionan desde el sindicato, "por no hablar de que puede darse el caso de que un ingresado que genere un gasto elevado sea trasladado a otra unidad para no superar los límites económicos anuales aunque no sea lo más idóneo para su tratamiento". Y es que la actividad y los resultados de las Unidades de Gestión Clínica serán evaluados al finalizar cada ejercicio anual y al completar el período de funcionamiento de cuatro años. Éstos determinarán la continuidad, modificación o supresión de la correspondiente Unidad.
"Producirá un caos organizativo"
En cuanto a la parte profesional, el representante sindicalista alude a una falta de claridad en la gestión de dichas unidades que dejará desprotegida a la plantilla, "teniendo en cuenta que los trabajadores dependerán funcionalmente de un director de unidad que podrá alterar permisos, cambios en las jefaturas de enfermería en los supervisores u otro tipo de caos que dificultará la atención a los usuarios". Además, "seguimos sin saber qué ocurrirá con aquellas personas que no quieran incorporarse en las Unidades de Gestión Clínica y cuáles serían sus condiciones laborales, ya que el Decreto lo considera una decisión voluntaria,".
En este sentido, Núñez recuerda que los profesionales sanitarios tienen 15 días para tomar una decisión "personal" sobre su adhesión a las unidades o no. En todo caso, "desde la parte social les animamos a que se lo piensen muy bien porque la ejecución de esta iniciativa no está nada clara".
En la misma línea, y a la espera de la primera valoración por parte de la Junta de Personal del Hospital, CSIF tampoco se muestra de acuerdo con el incentivo a los profesionales de las unidades que cumplan con los objetivos marcados, "dado que un hospital es una empresa de servicios no de producción". "La Sanidad no puede depender de la circunstancia de que si cumplo con lo mandado me pagan más o menos", critica, "sino que estoy obligado a realizar mis funciones desde que entro en el centro hasta que me voy, sin condicionantes".
Por último, CSIF avanza que están valorando con su asesoría jurídica el decreto para "buscar los caminos legales que nos ayuden a paralizar esta implantación" que acabará destruyendo los derechos de la sanidad pública.