El sindicato Csif anunció este jueves que, en los próximos días, convocará una huelga de carácter indefinido en el Transporte Urbano de Ponferrada (TUP), ante el impago de los salarios correspondientes al mes de septiembre. Según el sindicato, la dirección de la empresa comunicó ayer a los trabajadores que no dispone de liquidez suficiente para afrontar el pago de los salarios del mes pasado, ni dispone de fórmulas para garantizar el pago de las futuras nóminas, debido a que, según la información aportada por la propia compañía, el Ayuntamiento no ha abonado aún a la empresa el servicio prestado durante el año 2017.
Al respecto, fuentes sindicales informaron de los contactos mantenidos en las últimas semanas con el concejal responsable del área, quien en su momento indicó que la situación se solventaría en el pleno ordinario del mes de septiembre o en un pleno extraordinario a principios de octubre, que hasta la fecha no se ha realizado, lamentaron los responsables del sindicato.
En los últimos días, los representantes de los trabajadores retomaron esas conversaciones con el equipo de Gobierno, que habría indicado que los informes técnicos negativos dificultan la adopción de “una solución a corto plazo”. En ese sentido, los representantes sindicales aseguraron que el plazo de 15 días solicitado por los responsables municipales para encauzar la situación es “completamente inviable”.
“La decisión de realizar una huelga era la última alternativa, pero la situación no ha dejado otra opción a los trabajadores”, aseguraron los representantes de Csif, que recalcaron que los empleados apoyan unánimemente la medida y pidieron disculpas a los usuarios del servicio por las molestias que la huelga les pueda ocasionar.
Cabe recordar que el servicio de autobuses urbano lo presta la UTE Aupsa-Begar con un contrato prorrogado desde 2012, cuando caducara, sin que ningún equipo de Gobierno hasta la fecha haya puesto coto a esta situación de alegalidad que supone cada año más de 1 millón de euros a los ponferradinos porque el actual acuerdo obliga al consistorio a cubrir el supuesto déficit anual por la prestación del servicio.