La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) reclamó este lunes a la Junta de Castilla y León “que se ponga las pilas” a la hora de reconocer algunos “logros” perdidos por los empleados públicos y que ya se han tenido en cuenta en otras administraciones, como es el caso de la jornada laboral de 35 horas, la estructura salarial anterior al año 2010 o los fondos de acción social, entre otras. Con el fin de exigir estas peticiones, el sindicato ha convocado este martes concentraciones frente a las delegaciones territoriales de todas las provincias de la Comunidad a partir de las 12 horas.
El presidente de CSIF en Castilla y León, Carlos Hernando, explicó que son muchas las administraciones públicas que ya han reconocido estos derechos de los empleados públicos, algo que no ha sido posible en el caso de la Junta, por lo que avanzó que está previsto que se reúnan con los diferentes grupos políticos para trasladarles sus peticiones y hacerles partícipes de estas reivindicaciones.
En relación a la proposición de ley de la carrera profesional de los empleados públicos que se debatirá esta semana en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, el responsable de Administración General de CSIF, Mariano Prieto, recordó que ya se han puesto sobre la mesa cuáles son sus condiciones, que confió en que sean tenidas en cuenta. Sin embargo, estimó que las Cortes “van demasiado deprisa” y el borrador de ley “tiene carga electoralista”, además de que tildó la ley de “precipitada” y consideró que “llega tarde”.
De cualquier forma, Prieto estimó que es mejor que esta materia se aborde ahora y no que haya que esperar otros cuatro años para actuar en la materia, aunque advirtió de que si no se tienen en cuenta sus propuestas, y dada la proximidad del periodo electoral, los empleados públicos “se van a pensar a quién apoyar en las próximas elecciones”, dijo. Además, avanzó que previsiblemente se reunirán son los grupos de las Cortes el próximo miércoles “para escuchar nuestra voz” y conocer estas demandas de los empleados públicos.
Desde el sindicato se preguntaron “a qué está jugando la Junta” porque después de suscribir a nivel nacional la posibilidad de recuperar las 35 horas semanales, algo que ya se está haciendo en otras administraciones, la Junta consideró que se trata de “un brindis al sol” y utilizan varias excusas. Por un lado, alegan a la normativa nacional, que aseguran que unicamente aconseja la reducción; o a la falta de presupuestos. Sin embargo, la responsable de Educación de CSIF, Isabel Madruga, lamentó la falta de voluntad por parte del Ejecutivo autonómico en revertir los recortes y la falta de “reconocimiento” a los buenos resultados en materia educativa de los que se presume desde la Junta.
Según Madruga, la legislatura “es perdida”, por lo que exigió a los partidos políticos que incluyan estas demandas para ayudar a los empleados públicos a recuperar todos los derechos que les han sido arrebatados, aseguró.
Por último, en materia sanitaria, el responsable del sindicato en la Comunidad, Juan Carlos Gutiérrez, consideró que “lo más elegante” por parte del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, sería presentar su dimisión porque “está poniendo todas las piedras que puede” a los trabajadores de Castilla y León, además de que “no son capaces de cumplir sus propias reglas para poner a dedo a las personas que quieren poner”.
Ante el “grave” deterioro de la Sanidad, Gutiérrez acusó al consejero de “caciquismo” por constituir el Consejo de Salud de Área de forma irregular, ya que tendría que estar formado por los dos sindicatos más importantes a nivel general en Castilla y León -CCOO y UGT- y los dos más importantes en materia sanitaria -Censase y CSIF-, aunque en lugar de este último se ha incluido a Satse. Por ello, Gutiérrez advirtió de que se está estudiando la posibilidad de presentar una querella criminal contra el consejero “por prevaricación y abuso de poder”.
Por último, Gutiérrez advirtió de que desde CSIF no se va a aceptar el modelo de carrera profesional de Sacyl, que consta de cuatro grados, dentro de cada uno de los cuales hay diferencias salariales “abismales”, por lo que consideró que su aplicación al resto de consejerías sería “una injusticia y un agravio enorme”, concluyó.