Fotos: César Sánchez / ICAL

Desahuciada una familia en Compostilla (Ponferrada) pese a la ayuda de la PAH Bierzo

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Según ha explicado la abogada a InfoBierzo, BBVA “tiene en sus manos” la decisión de renegociar la deuda con los propietarios

Aitana Brusa
Aitana Brusa

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La Asociación PAH Bierzo lleva meses intentando paralizar el lanzamiento de desahucio de nuestros asociados Antonia y José de Ponferrada previsto para este miércoles. Lamentablemente no ha sido posible detenerlo y como ha informado la abogada, Elena Prado, de los implicados a InfoBierzo “no hay nada que hacer”.

A las 10 horas de esta jornada y pese a la negativa de Antonia y José así como de la Asociación y algunos vecinos, “la cerradura de la casa ha sido cambiada” y sus propietarios han sido obligados a abandonar la vivienda.

Antonia y José residirán temporalmente en casa de los padres de ella, explicó la abogada, que recordó que Antonia es una paciente oncológica con varias operaciones a sus espaldas. “Es una puñetera vergüenza y un despropósito”, reprochó la afectada, que lamentó que en los últimos 11 años no se le haya dado la oportunidad de intentar volver a pagar la hipoteca.

Según ha explicado la abogada a InfoBierzo, BBVA “tiene en sus manos” la decisión de renegociar la deuda con los propietarios “que es lo que ellos llevan intentando hacer desde 2012”.

Este desahucio, dice la abogada, “vulnera la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019 por el que dice que las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013 debe ser sobreseídas sin más trámites” así como el Real Decreto 926/2020 del 25 de octubre sobre la paralización de desahucios.

El desahucio coincide además con el anuncio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este miércoles durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, según el cual el Ejecutivo ampliará por tres meses más el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional. “No han querido saber nada”, señaló Prado, que lamentó la “falta de voluntad” de la entidad bancaria para paralizar la ejecución.

Ahora, tramitarán un recurso de reposición y están dispuestos a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tratar de ‘salvar’ el caso de Antonia y José.

Desde el ámbito institucional, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, subrayó que “es voluntad del Ayuntamiento ayudar a quien lo necesite” y avanzó que “si la situación lo exige habrá una ayuda temporal para hacer frente a un alquiler social”. El regidor señaló que, en este caso, el protocolo de intermediación hipotecaria no pudo aplicarse porque en el momento en que la familia contactó con las administraciones la vivienda ya estaba ejecutada y era propiedad del banco.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Lorena González, que estuvo presente en el lugar de los hechos, lamentó el “atropello” cometido hoy y la “injusticia” que supone que “los intereses de la entidad bancaria se estén poniendo por delante de los derechos de una familia”.

 

 

 

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