El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes ha debatido la compensación económica en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración y de los gastos de administración de las inversiones a la empresa gestora del servicio de transporte urbano, durante el ejercicio 2016. Esto significa que una vez más las arcas municipales asumen un déficit importante, más de un millón de euros, derivado de la falta de licitación del TUP (Transporte Urbano de Ponferrada). Este servicio se encuentra en manos de la UT, formada por Aupsa y Begar desde 2012, cuando expiró el contrato con las actuales adjudicatarias, mediante prórrogas anuales extracontractuales.
El punto ha sido aprobado pese a que todos los grupos han señalado la importancia de sacar una licitación lo antes posible, "ya que nos encontramos en la misma tesitura que en el pleno de hace un año". Tanto Ponferrada en Común, cuyo voto negativo han justifivado aduciendo que llevan solicitando mucho tiempo la municipalización del servicio, como el PSOE, que habla de enriquecimiento injusto de la empresa, han expresado su posición contraria al pago. El portavoz de Ponferrada en común, Miguel Ángel Fernández, ha asegurado que los ciudadanos de Ponferrada están pagando "los dividendos de los accionistas de la empresa". El resto de partidos se ha mostrado a favor de pagar la deuda contraída. "No nos podemos negar a pagar lo que hay que pagar", han afirmado tanto Pedro Muñoz, portavoz de Coalición por el Bierzo, como el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral. Por su parte, el concejal del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo ha hablado de "dejación por funciones", pero "sintiendolo mucho no puedo negarme a pagar", ha añadido.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Amparo Vidal, ha defendido el pago y ha asegurado que "tanto una gestión nueva como una gestión directa no implicaría de ningún modo que el servicio fuera gratis", asegurando además que la municipalización del servicio, a su juicio "costaría incluso más". En cuanto a la falta de contrato "asumimos cierta culpa pero hacemos lo que las reglas de la democracia nos dejan". Ha hecho así referencia a la normativa del pasado febrero que obligó a prorrogar los plazos debido a la obligación de establecer una nueva estructura de los costes del servicio, lo que implicaba pedir informe a cinco operadores distintos y exponerse a posibles alegaciones.
El concejal de Movilidad, Ricardo Miranda, explicó esta semana que se encuentran a la espera de los informes pertinentes para llevarlos a pleno y proceder a la licitación que acabaría con la situación de alegalidad actual. La idea es sacar a concurso el servicio por 10 años más 5 prorrogables.
César Sánchez / ICAL Pleno ordinario de esta mañana en el Ayuntamiento de Ponferrada