Así lo explican sendas agrupaciones vecinales a través de un comunicado en el que celebran que ahora, el Mecanismo de control del BEI (MR-BEI) concluye que "se han producido relevantes deficiencias", como que la Junta nunca concretó el ahorro energético de las mismas o el consumo de la biomasa de las instalaciones, ni presentó los Informes cada seis meses a los que estaba obligada. Así las cosas, el Banco Europeo ha reclamado información sobre estos proyectos a la Junta de Castilla y León otorgando un plazo "30 días hábiles", a fin de esclarecer los hechos.
Los vecinos de las capitales berciana y leonesa consideran que "la actividad de SOMACYL debe ser fiscalizada con lupa". Desde las Asociaciones denunciantes señalan que esto puede ser "solo el principio", pues aún debe continuarse con la investigación realizando un estudio detallado de los proyectos concretos de Navatejera y Ponferrada por parte del Banco y su supuesta sosteniblidad, que "no es tal", a ojos de los afectados.
En conclusión, debe resolverse "si estas dos centrales incumplen las normas del préstamo y, en caso contrario, lo procedente sería que la Junta devolviese el dinero o al menos abandonase estas centrales que son rechazadas masivamente por los afectados", aseveran a través de un escrito. Consideran los denunciantes que dichos préstamos europeos tenían como objetivo "apoyar la sostenibilidad del sector forestal, promoviendo el uso tradicional y alternativo de los recursos forestales como materia prima de biomasa, pero que en la práctica pueden conseguir el efecto contrario", sentencian.