El cierre de la central de Anllares activará la cuenta atrás para la descarbonización de Castilla y León

El camino marcado por Europa para conseguir una economía baja en carbono abre un debate sobre el futuro de las centrales térmicas de carbón, muy condicionadas por la crisis de la industria extractiva

  sábado, 21 de julio de 2018

  D. Álvarez/ ICAL
La hoja de ruta dibujada por la Comisión Europea de aquí a 2050 para cumplir con el objetivo de una economía baja en carbono abre un debate sobre el futuro de las centrales térmicas que producen electricidad a partir de carbón, de acuerdo con los planes de las instituciones comunitarias que prevén que en el año 2030 un 32 por ciento de la energía del continente provenga de fuentes renovables, en detrimentos de otras más tradicionales y contaminantes como el carbón. En España existen 15 instalaciones de este tipo, cuatro de ellas en Castilla y León: Guardo, en Velilla del Río Carrión (Palencia); La Robla, en el municipio leonés homónimo; Compostilla, en el municipio berciano de Cubillos del Sil; y Anllares, también dentro de los límites de la comarca berciana, en Páramo del Sil. Ésta última podría ser la primera que eche el cierre y active la cuenta atrás para el ocaso del sector, una vez recibidos los informes favorables de Red Eléctrica Española (REE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la espera sólo de recibir la autorización del Gobierno. Desde la firma del Acuerdo del Clima de París en 2014, la Comisión Europea ha incentivado a través de varias iniciativas que todas las regiones que dependen del carbón puedan preparar la transición energética con el objetivo de que ésta tenga un menor impacto para las personas que se dedican al sector, cerca de 185.000 en todo el continente. Un ejemplo de ello fue la creación el año pasado de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, en la que están presentes 41 regiones de 12 Estados miembros para abordar proyectos piloto e intercambiar buenas prácticas. Al respecto, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y encargado de liderar la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, recalca que “no se puede hablar de transición energética sin poder dar soluciones a las personas que pueden estar sufriendo en esta transición”. “Los gobiernos, las empresas y las regiones de todo el mundo están dejando atrás el carbón. La producción de electricidad mediante carbón está en descenso. Se trata de una “tendencia irreversible hacia la energía limpia”, defiende el responsable del Ejecutivo comunitario, que asegura que la intención de varios países de eliminar el uso de carbón acelerarán “la tendencia a la baja” del uso del combustible fósil. Por su parte, el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha recogido el guante de las instituciones europeas y ha anunciado planes de “descarbonización de la economía” que afectarán al futuro de las centrales. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a remitir al Senado antes de final de año el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que se complementará con un Plan de Transición Justa, con el que “acompañar solidariamente a los territorios y a los trabajadores de sectores particularmente afectados”, anunciaron fuentes del Ejecutivo. Más beligerante con las políticas energéticas europeas se ha mostrado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que en el último debate sobre Política General de la Comunidad del pasado mes de junio defendió que el mantenimiento de las centrales térmicas es “esencial” para garantizar el suministro energético nacional y “crucial para la propia supervivencia de los municipios mineros”. En esa línea, el presidente reclamó que la transición hacia energías más limpias se lleve a cabo de manera “ordenada y justa” para reducir los “costes sociales y territoriales” que lleva asociados y exigió al nuevo Gobierno que tome “medidas para minimizar el impacto de la transición sobre el empleo”. De hecho, rechazó de plano que puedan adelantarse los plazos marcados por la UE, tal y como había sugerido el Gobierno. La situación de las cuatro centrales El desmantelamiento de Anllares estaba anunciado desde que la central comunicó, en el año 2013, su imposibilidad para cumplir con los límites marcados por Europa al no disponer de infraestructuras que reduzcan los óxidos de azufre y de nitrógeno de las emisiones. Tras acogerse a un plan de cierre hasta 2019, los propietarios -Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, que dispone de dos tercios de la propiedad y Endesa, que dispone del tercio restante- solicitaron en mayo del año pasado el “cese paulatino de actividad” de las instalaciones. Una vez reciban la autorización gubernamental, dispondrán de un plazo de tres meses para iniciar el desmantelamiento. No difiere mucho la situación que vive la central de Guardo, propiedad de Iberdrola y la única existente fuera de la provincia de León. La eléctrica solicitó en noviembre de 2017 la autorización de cierre de la central ante el Ministerio de Energía, y aseguró en ese momento que, en caso de aprobación, la clausura “no afectará al firme y demostrado compromiso de la compañía con el empleo”, ya que Iberdrola recolocará a la totalidad de la plantilla y realizará inversiones asociadas al proceso de desmantelamiento en la zona, entre otras acciones. Por su parte, la central de Compostilla, propiedad de Endesa, tiene marcado en el calendario la fecha del 30 de junio de 2020 como límite impuesto por la multinacional italiana Enel, matriz de Endesa, para cesar la producción, después de que los responsables empresariales hayan anunciado que no acometerán las inversiones necesarias para adaptar las instalaciones a la nueva normativa ambiental europea. Más optimista es la situación en la central térmica de La Robla, donde Naturgy ha anunciado que sí invertirá en la modernización de las instalaciones para que la central se mantenga operativa y cumpla con la directiva europea de emisiones industriales. En cualquier caso, según fuentes de la compañía, la adaptación afectará únicamente al grupo 2 de la central, mientras que el grupo 1 quedaría clausurado. Los argumentos de las eléctricas Las compañías eléctricas propietarias de las instalaciones defienden estas decisiones como parte de “una estrategia global de apuesta por las energías limpias”. Al respecto, fuentes de Iberdrola señalaron que esa apuesta ha supuesto la clausura de varias de estas instalaciones desde el año 2001 en el mundo, a la par que se ha invertido más de 95.000 millones de euros en el desarrollo de energía ‘verde’. En España, la empresa solicitó en noviembre el cierre de la central palentina de Guardo y la asturiana de Lada, que suman menos de 900 MW y representan menos del dos por ciento de la capacidad instalada de la compañía. Además, la eléctrica remarca que estos cierres “no incidirán en la seguridad del suministro” y forman parte de una “tendencia imparable” que apunta al “abandono progresivo del carbón” y a su sustitución por fuentes renovables que garanticen una energía “competitiva, segura y asequible”. En la misma línea, Naturgy descartó invertir en centrales térmicas de carbón en las que no pueda cumplir con los criterios de rentabilidad para esa inversión. “La compañía analizará la rentabilidad de la inversión en sus centrales térmicas cuando llegue el momento y no se harán inversiones que no impliquen la recuperación de la inversión”, señalaron fuentes de Naturgy. También Endesa comparte el criterio de hacer una transición energética basada en las renovables que suponga “la progresiva retirada de operación de las centrales convencionales, sin poner en riesgo el suministro, el precio de la luz y los objetivos medioambientales”. En cuanto a Compostilla, fuentes de la compañía reiteraron que las exigencias de la directiva europea de emisiones obligan a una fuerte inversión en la central, algo que las actuales condiciones de regulación y de mercado hacen “inviable”. El declive de las minas El futuro cierre de Anllares pondrá fin a la actividad en una instalación que entró en servicio en 1982 y que durante más de tres décadas y más de 180.000 horas de funcionamiento se ha alimentado de la hulla y la antracita extraídas de la cuenca berciana. Precisamente las extremas dificultades que atraviesa la industria extractiva autóctona son una de las claves de la actual situación que afecta a las térmicas. A modo de ejemplo, las 15 centrales térmicas españolas, responsables del 17 por ciento de la electricidad consumida en el país, quemaron el año pasado algo más de 20 millones de toneladas de carbón, pero el 86 por ciento fue importado, según datos de la patronal del sector, Carbunión. Otro dato ofrece una idea certera acerca del vínculo entre el declive de la minería y el de la producción térmica: entre las tres mineras que aún operan en la Comunidad -HBG, Uminsa y la Hullera Vasco Leonesa- sólo aportaron 620.000 toneladas de carbón en los últimos 12 meses. Además, el fin de las ayudas europeas al mineral y la devolución pendiente de las ya recibidas por parte de las compañías que sigan en funcionamiento a partir del año que viene suponen un pesado lastre de más de 500 millones de euros para la viabilidad futura del sector de la extracción. “No cabe justicia en una decisión precipitada que pretende acortar los plazos previstos en la propia ley y no ofrece alternativas ni negociación”, explican los representantes de las empresas mineras, que critican que “de las declaraciones de los nuevos responsables de Energía sólo se deduce que pretenden ir mucho más allá de lo que la propia Comisión Europea establece”. Según los estudios que maneja Carbunión, si el carbón desaparece del 'mix' energético, los precios de la electricidad podrían encarecerse un 18 por ciento, lo que destaca el papel del carbón como “energía de respaldo”. “El carbón autóctono es nuestra única fuente de energía propia”, remarcaron. Este argumento es el que ha defendido la Junta a la hora de concebir el carbón como un combustible capaz de proporcionar “un margen de seguridad y soberanía energética que se ha de mantener”, tal y como hacen algunos países de la esfera europea. “El compromiso debe ser mantener el carbón en el porcentaje que se sabe que es necesario y viable, y con él las térmicas y las empresas que también están generando actividad económica”, defendió recientemente la portavoz de la Junta, Milagros Marcos. Esa presencia del mineral autóctono en el 'mix' energético estaba cifrada en el 7,5 por ciento, según recogía el último Plan del Carbón, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Tras los incumplimientos de ese acuerdo marco y la desaparición de gran parte de las explotaciones y los puestos de trabajo asociados a la minería, el Ejecutivo de la Comunidad rebajó esa cifra hasta el cuatro por ciento. Una mirada al futuro De cara al futuro, las dos grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, comparten las reclamaciones para mantener en funcionamiento estas instalaciones de producción y efectuar la transición hacia las energías verdes de una manera “gradual y ordenada”. “El futuro de las centrales lo van a marcar entre el Gobierno y las empresas, nosotros tenemos que asegurarnos de que los trabajadores tengan su futuro asegurado”, explicó el secretario estatal de Energía e Industrias extractivas de CCOO, Jesús Crespo, que reclamó la elaboración de un “plan estratégico de energía e industria que sea independiente de los gobiernos de turno y que analice el impacto de cualquier cierre en el empleo, la industria y el territorio”. En ese sentido, Crespo criticó el caso de Anllares como un claro ejemplo de lo que el sindicato no quiere. “Hay que poner las medidas antes, no se puede cerrar sin tener una industria alternativa, no podemos dejar territorios y personas abandonadas”, subrayó. En la misma línea, el secretario estatal de Minería de UGT- Fica, Víctor Fernández, advirtió de que si prosigue el cierre de instalaciones “se va a cometer un grave error”. “Tienen que quedar centrales térmicas fuertes y carbón autóctono, sino el problema no será para los territorios mineros, será un problema para toda la Comunidad y para todo el país”, aseguró Fernández, que recordó que la dependencia exterior de España en el ámbito de la energía alcanza el 72 por ciento del consumo y destacó el papel del carbón como “garantía del suministro y elemento estabilizador de los precios”. Ambos sindicatos esperan al próximo 30 de julio como fecha en la que podrán sentarse con los nuevos titulares del Ministerio para exponerles la problemática y las demandas del sector, durante el encuentro que tendrá lugar en la sede del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y que tiene como objetivo avanzar en la elaboración de un nuevo acuerdo marco para el sector que le dé cobertura más allá de 2019. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras de Europa (Euracom), la leonesa Ana Luisa Durán, remarca que “la Dirección General de Energía de la Comisión Europea no marca ninguna fecha límite, lo que quiere es conocer la situación de cada territorio, los pasos que se pueden dar y los plazos que se pueden manejar”. “Piden que cada país presente antes de final de año un plan nacional que recoja estas cuestiones y que no se cierre nada hasta que no haya una alternativa con consenso para el territorio”, asegura Durán, que remarca que “países como Polonia o Alemania van a seguir teniendo térmicas de carbón” . En ese sentido, la que fuera alcaldesa socialista de Villablino, reclama al nuevo Ejecutivo “que hable con los territorios, que conozca la situación real y que presente un plan justo que contenga alternativas antes del cierre”. “Hay que decirle claramente a este Gobierno que no está haciendo las cosas como las tiene que hacer y que 170 millones para enterrar una cuenca no sirven de nada”, critica Durán, que valora el papel de la plataforma de regiones mineras en transición como herramienta capaz de proporcionar “una senda ordenada de hacer las cosas”.

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