Así lo apuntaron hoy los empresarios leoneses ante las últimas declaraciones y anuncios del vicepresidente y varios consejeros de la Junta de Castilla y León sobre el levantamiento de las medidas restrictivas a partir del próximo lunes, 8 de marzo.
A pesar de considerar “positivo” conocer con la suficiente antelación los nuevos criterios y baremos y las previsiones que maneja la administración autonómica de cara a la reapertura de los negocios cerrados o muy restringidos en su actividad “para saber a qué atenernos en cada momento y también de cara a Semana Santa”, desde el CEL señalaron que la flexibilización de las medidas “debería regirse por criterios provincializados y no por un baremo generalizado para una Comunidad tan extensa y con grandes diferencias en las tasas de contagio y de ocupación de UCIs”.
Los empresarios del CEL pidieron un marco “estable y claro” que evite “la confusión, los cambios continuos de criterios y la sensación de descontrol e inseguridad jurídica” y una actuación política “rigurosa”, que “dé confianza a los ciudadanos y que permita encarar un proceso de desescalada ordenado y responsable por parte de todos”.
“Siempre hemos defendido que la salud está por encima de todo, pero también la necesidad de conjugar economía y salud pública y el derecho de las personas a ganarse la vida ejerciendo su actividad. Si por razones científicas en la evolución de la pandemia la administración obliga al cierre de determinados establecimientos, lo lógico es que se compense con ayudas directas, como han establecido en otros países”, explicaron desde el CEL.
En este sentido, el Círculo lamentó seguir sin comprender “por qué no se implementan ayudas directas a los sectores que antes de la pandemia eran competitivos y ahora se encuentran en una situación extremadamente compleja”, como es el caso del sector turístico, hostelería, restauración, gimnasios y centros deportivos, pequeño comercio, empresas de eventos, culturales, salones de banquetes y “un largo etcétera de negocios que están al límite de su resistencia, sin apenas ingresos o con pérdidas de hasta el 60%, en el caso del comercio minorista, asumiendo el pago de impuestos y costes fijos y prácticamente sin ninguna ayuda o compensación”.