Tras "más de 40 años de experiencia", la representación de la plantilla considera "demostrado" que "la utilización de estos combustibles alternativos en el sector cementero a nivel europe no modifica las emisiones de la fábrica, que, por otro lado están controladas en tiempo real y supervisadas por las administraciones pertinentes, por lo que no existe ningún riesgo para la salud y la economía de la comarca".
Los representantes sindicales reconocieron que el sector agrícola está “en su derecho de presentar las alegaciones que estime necesarias”, pero solicitó que éstas “estén basadas en aspectos técnicos y con el objetivo de mejorar o garantizar la compatibilidad en ambos sectores y no en percepciones personales basadas en el desconocimiento de las instalaciones industriales, más acordes con ideales de otro tipo de organizaciones”. “Sepan que nosotros también vivimos y velamos por la seguridad y salud de nuestro entorno y de la comarca del Bierzo, además de defender nuestros puestos de trabajo”, remacharon.
“Este proyecto contribuye a mejorar la competitividad de la fábrica y es vital para su estabilidad”, remarcaron los representantes sindicales, que recordaron que de las 33 fábricas de cemento existentes en España, 29 están autorizadas a la valorización de combustibles y conviven con denominaciones de origen, marcas de garantía o sellos de producción ecológica “sin ningún tipo de problema para sus productos y marcas”.