El Congreso da su apoyo al paquete de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón

El Real Decreto Ley ha sido convalidad con los votos a favor de PSOE, C’s, ERC y PNV y las abstenciones de Unidos Podemos, PP y PDeCAT

  martes, 22 de enero de 2019

  Vanessa Silván / ICAL

Juan Lázaro / ICAL La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención en el Congreso de los diputados

El Congreso de los Diputados dio este martes su respaldo al Real Decreto Ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras con los votos favorables del PSOE, Ciudadanos, ERC y PNV y las abstenciones de PP, Unidos Podemos y PeCAT. En concreto, fue aprobado por 132 votos a favor, cuatro en contra y 212 abstenciones. No obstante, deberá ser ahora tramitado como proyecto de ley tal y como decidió también la Cámara Baja por mayoría.

El texto plantea una serie de medidas para ayudar a las comarcas mineras y a  los trabajadores afectados por el cierre de las minas de carbón, siguiendo la orden del Consejo Europeo en 2010 que establecía la clausura a 31 de diciembre de todas las explotaciones que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.

La norma de medidas urgentes formaliza el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 firmado el pasado octubre por el Gobierno con los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión). En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones a partir de los 48 años cumplidos y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que también podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Asimismo plantea otra serie de ayudas para el desarrollo sostenible de los municipios mineros con medidas urgentes que incluye un plan de restauración y un plan de desarrollo de energías renovables. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió el texto apelando a la "solidaridad" con un colectivo de trabajadores y comarcas que deben ser "prioritarias" desde el punto de vista de la transición justa. "A pesar de los últimos planes del carbón estas comarcas siguen manteniendo un alto nivel de dependencia de la industria del carbón", apuntó Ribera durante su intervención, reconociendo que existe en estas zonas "un elevado índice de desempleo y limitadas oportunidades de inserción laboral".

El diputado de Foro Asturias, Isidro Manuel Martínez Oblanca, mostró su desacuerdo con el documento, al igual que mostró su rechazo el parlamentario del Grupo Mixto, Carles Campuzano, que manifestó compartir "de fondo" la filosofía pero entienden que "no debería excluir a las cuencas mineras de Cataluña". Tampoco ven con buenos ojos esa exclusión desde Esquerra Republicana, según manifestó su diputado Joan Capdevila, que por otro lado indicó que apoyarán esas medidas "pero no sin antes poner en entredicho su aplicación real".

Desde el PNV sí manifestaron su apoyo y desde Ciudadanos preguntaron "donde está el dinero" que se ha invertido en las cuencas mineras en los sucesivos planes mineros sin que se haya logrado una reconversión real del sector y de las comarcas. Así, su diputada Rodríguez Fernández criticó que se queden fuera de ese Real Decreto a los trabajadores de las subcontratas y solicitó que se tramite como proyecto de ley para "poner luz sobre esto". 

Por la coalición Unidos Podemos, la diputada leonesa Ana Marcello, aludió a que ese documento recoge "el pacto de las tres mentiras" y señaló que no es un pacto ecológico porque en España se va a seguir quemando carbón, que será de importación" y que no es un pacto justo ni con las comarcas ni con los trabajadores. Así, recordó el incumplimiento del anterior Plan del Carbón y entienden que el nuevo Real Decreto contiene "cero compromiso", recordando el cierre de la central térmica de Anllares y el ERE en Maessa, una de las auxiliares de Endesa en Compostilla II.

El diputado José Alberto Herrero, por el PP, recordó a la ministra que este el 27º decreto que traen la Cámara y afeó al Ejecutivo que esté gobernando mediante “decretazos para eludir a las Cortes”. A juicio del 'popular', el decreto “confirma la desaparición del carbón en España” y es una forma “fácil y sencilla “ de finiquitar el carbón en nuestro país “mediante el cierre de minas y prejubilaciones”. Además, añadió, es una “estrategia perfecta” de la ministra para “cargarse las centrales térmicas”. A su juicio eso pone en peligro la seguridad del suministro y la sostenibilidad del precio de la energía que, según pronosticó, subirá “el 15 por ciento”.

Por su parte, Ciudadanos respaldó con sus votos el decreto pero lo hizo entre fuertes críticas también a los “27 decretazos” que han llevado ya a la Cámara. La diputada Melissa Rodríguez hizo un repaso a los diferentes planes llevados a cabo desde 1997 hasta la fecha por los gobierno del PP y del PSOE que comprometieron miles de millones, dijo, en ayudas a al reconversión si bien hoy día, denunció, ni el sector se ha reconvertido, ni hay constancia de que el dinero prometido llegara a los mineros o a las comarcas afectadas. “¿Dónde está todo ese dinero que no se ha invertido?”, preguntó. 

Tras la decisión del Congreso, el sindicato UGT ha celebrado esta decisión, ya que "seguimos considerando que el acuerdo firmado el pasado 24 de octubre, aprobado el 21 de diciembre por el Consejo de Ministros y convalidado hoy por el Congreso de los Diputados es el mejor acuerdo posible, además de razonable y positivo, y recuerda que su contenido pone las bases definitivas para desarrollar una transición energética justa en nuestro país".


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