El Consorcio Tren Turístico Ponfeblino ha comunicado "lamentar profundamente" el desmantelamiento del parque motor del ferrocarril autonómico Cubillos-Villablino, antigua infraestructura que unía las minas de Villablino con la central térmica de Compostilla. El desmantelamiento de cuatro locomotoras esta semana, el miércoles 4 de octubre, por parte de la administración concursal de CMC, ha propiciado todo tipo de repercusiones. Desde el Consorcio explican que los textos confesionales "son claros", 6 de las 8 locomotoras en activo en 2013 son propiedad de la concesión y las dos restantes (1001 y 1002) revertirían al patrimonio público una vez recuperada desde el Consorcio la concesión.
"Estamos a pocos días de que se efectúe esa reversión y cuando los técnicos de Fomento de la Junta procedan a realizar el inventario constatarán que falta patrimonio, y serán pocos los 900.000 euros que el administrador debe reintegrar a la Junta, puesto que no se tenía en cuenta la ausencia de cuatro locomotas", afirman.
Aseguran que "las administraciones concursales están para hacer caja con los bienes de la empresa, y en el caso de la administración de CMC también con los que no son suyos, pero lo que más llama la atención es la permisividad de la Junta de Castilla y León con este expolio que se nos causa a todos los ciudadanos de la comunidad, porque el día 4 se fue al menos medio millón de euros de todos los contribuyentes que no revertirá en la ciudadanía de Castilla y León y mucho menos en el territorio del Sil".
En la misma línea han expresado que la Junta "estaba avisada" y sabía que se iba a producir una retirada de locomotoras. Advierten que la actuación de la Junta respecto del patrimonio público se podría considerar dejación de funciones e
incluso "podría ser delito".
Según el Consorcio Tren Turístico Ponfeblino, la Junta de Castilla y León, en general, y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en particular, demuestran que "ni creen en el ferrocarril del Sil como dinamizador del Valle ni atienden a sus propias propiedades de las que únicamente son custodios, no propietarios, pues los propietarios somos el conjunto de la ciudadanía".
Por todo lo argumentado han manifestado su intención de denunciar la situación ante el Procurador del Común, para que pueda valorar las consecuencias de "esta negligencia" por parte de la Junta de Castilla y León.