La sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León, sobre la explotación minera a cielo abierto de El Feixolin, en Villablino, que condena a dos años y seis meses de prisión al empresario Victorino Alonso, ha dejado "satisfecho a medias" al principal impulsor del procedimiento judicial, el industrial lacianiego Antonio Arias Tronco.
Ahora ya jubilado, ve cómo se ha emitido una primera sentencia contra la causa por la que lleva pleiteando contra el empresario del sector minero desde hace dos décadas y media. "He tardado 25 años pero, al final, he conseguido que el tribunal me diera la razón", algo que sí le satisface personalmente.
Sin embargo, tras analizar el contenido de 124 folios de la resolución judicial, considera "escasa" la sentencia de la Audiencia contra el principal acusado Victorino Alonso, como máximo responsable de la empresa explotadora del yacimiento, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Y por eso, ya anuncia que presentará un recurso judicial de casación.
"El fallo del tribunal impone una pena de dos años y medio de cárcel para Alonso y unas sanciones económicas a las que deberá hacer frente para la reparación del daño ambiental causado, aunque aún sin cuantificar económicamente, así como una multa total de 8.500 euros y una indemnización por daños a Arias Tronco de 135.000 euros".
Por otro lado, los otros dos acusados en el caso, el ex alcalde de Villablino de Izquierda Unida, Guillermo Murias Andonegui, y el entonces directivo de MSP, José Tascón González, resultaron absueltos de los cargos que se les imputaban.
La Audiencia rebaja sustancialmente la petición de penas inicial, de ocho años de prisión, al desestimar sendos delitos contra la ordenación del territorio y la ordenación urbanística, tras haber sido imputado tras la denuncia del industrial lacianiego por la construcción de unas naves en terrenos no urbanizables y sin licencias, así como ningún tipo de autorización.
Arias, curtido ya en una larga espera judicial, tiene claro que va a tratar por todos los medios legales, "yo personalmente, y mi familia si yo me muero", de que el empresario condenado pague todos los gastos de reparación de daños que le impone el fallo. Y que no va a permitir que se ampare en su "conocida coletilla de la insolvencia" que le ha servido como excusa en la última condena en su contra, la de la Audiencia Provincial de Huesca por la destrucción de un conjunto neolítico en Chaves, que finalmente quedó en dos años de prisión por los que no ingresará en la cárcel y 25,5 millones de euros de indemnización de los que aquel tribunal le eximió por "tener embargada parte de su pensión".