Aunque no contaba con la licencia de la Junta de Gobierno Local de entonces, Canedo procedió igualmente a la construcción de este aparcamiento. Tras perder la alcaldía que mantuvo bajo las siglas del PP durante cuatro años, desde el 2011 hasta el 2015, el ahora exalcalde presentó en el Consistorio una declaración responsable para derribar las obras realizadas y reponer el terreno a su estado original.
Tras presentar ese documento, la nueva Junta de Gobierno Local del municipio fijó un plazo de seis meses para iniciar las obras y de dos años para concluirlas. Sin embargo, tras acudir por orden del juzgado, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que la finca aún se encuentra asfaltada, sin que se aprecie “ningún tipo de reposición topográfica al estado original de la misma”.
Según el Código Penal, las penas a las que se enfrenta Canedo por este presunto delito oscilan entre el año y medio y los cuatro años de prisión y las multas, entre doce y veinticuatro meses. Hace quince días, el pasado 9 de julio, Canedo ya se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de León por un presunto delito de falsificación documental y tentativa de estafa procesal, por los que la Fiscalía le pide cinco años de prisión.