El edil estaba acusado de prevaricación a raíz de la contratación de dos contables, pero ahora el Judicial considera que no queda probada su "intención deliberada para cometer una irregularidad". Asimismo, han determinado que Matías se ciñó a la normativa vigente del Consejo Comarcal del Bierzo para otorgar dichos puestos de trabajo.
La sentencia concluye que el popular "no conocía ni guardaba relación alguna con los trabajadores seleccionados". Por ello, se determina que la contratación no fue "ni arbitraria, ni opaca, ni realizada con criterios personalísimos".
De haberse considerado probados los hechos, la Fiscalía pediría doce años de inhabilitación, así como el pago de las costas de la acusación particular del PSOE.