La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, comparecieron este martes tras el Consejo de Ministros. En este Consejo de Ministros se ha aprobado un real decreto ley que regirá el escenario nacional y las cuestiones legales pertinentes a partir del fin del estado de alarma este 9 de mayo.
Ha ratificado así el Gobierno su decisión de "no prolongar en el tiempo un estado excepcional", aprobando un nuevo real decreto ley que entrará en vigor al minuto siguiente de las 00:00 horas del día 9 porque desaparecerá la vigencia del estado de alarma.
Con esta nueva normativa, se dota a las Comunidades Autónomas de instrumentos para que "en cualquier caso de razones de preocupación o emergencia, puedan dar respuesta a esas situaciones", explicó Calvo. En cualquier caso, las decisiones requieren "como corresponde al estado de derecho que somos, autorización y supervisión de la garantía de los derechos jurisdiccionales de nuestro país".
"Se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección, incluso las que afectan a derechos fundamentales, con la autorización jurisdiccional pertinente", matizó la vicepresidenta del Gobierno. "Vamos a seguir manteniendo la tensión y las decisiones necesarias que tengamos", aseguró Calvo, poniendo como ejemplo los controles de llegadas de personas del extranjero.
Calvo defendió así la unificación de las restricciones tras el estado de alarma, garantizando que "las leyes ordinarias de nuestro país pueden plantear limitación de derechos y libertades públicas y que requiere de la supervisión de las garantías jurisdiccionales".
El real decreto ley contempla el recurso de casación frente a las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional para que "en tiempo récord" el propio Tribunal Supremo "dicte la última palabra y ofrezca seguridad jurídica e igualdad de la seguridad de proteger por parte de los ejecutivos autonómicos", esgrimió la vicepresidenta.
"El real decreto ley contempla el soporte legal que necesitamos para mantener medidas que dijo el presidente: medidas de protección excepcional en materia socioeconómica, que se van a mantener tres meses, hasta el 9 de agosto. Están explicitadas en el texto, con elementos como el bono social, la posibilidad de las medidas protectoras en materia de vivienda y pobreza energética, o la obligación de rehacer las reuniones de las comunidades de propietarios", añadió Carmen Calvo.
En definitiva, con este real decreto ley se abre la posibilidad para que las Comunidades puedan acudir al Supremo para unificar las restricciones tras el estado de alarma. Se trata de un "escudo social" que establece el mecanismo para que los ejecutivos autonómicos eviten problemas con los TSJ en sus tomas de decisiones para combatir la incidencia de la pandemia.
Es decir, con este decreto será posible aprobar medidas que afecten a derechos fundamentales, siempre que cuenten con autorización judicial. En caso de ser rechazadas por los Tribunales Superiores, los ejecutivos autonómicos podrán acudir en casación al Tribunal Supremo para que unifique la doctrina y señale si pueden o no tomar esas medidas.
En cualquier caso, el Gobierno ha defendido que el toque de queda solo se puede mantener bajo el 'paraguas' del estado de alarma, por lo tanto, decaerá desde el 9 de mayo. Pero en caso de que una Comunidad decida mantenerlo y su decisión sea rechazada por el Tribunal Superior, podrán acudir al Supremo.
Con el decreto aprobado hoy sí se podrá mantener cierres perimetrales con el aval del Tribunal o la casación posterior del Supremo. En definitiva, serán los tribunales quienes marquen el camino a partir de ahora.
Este mismo martes -antes de conocerse la decisión del Consejo de Ministros-, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, solicitó “unidad de criterio” para que tras el fin del estado de alarma “no se haga una desescalada que genere desconcierto entre los ciudadanos”.
