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El Gobierno da luz verde a la ‘ley trans’ que permite el derecho a la autodeterminación de género: Todas las claves

En víspera del Día del Orgullo LGTBI el Gobierno ha dado luz verde este lunes a la ‘ley trans’ que permite el derecho a la autodeterminación de género. La norma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se erige sobre un asunto clave: la autodeterminación de género, sin informes médicos y desde los 16 años

 

En víspera del Día del Orgullo LGTBI el Gobierno ha dado luz verde este lunes a la ‘ley trans’ que permite el derecho a la autodeterminación de género. La norma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se erige sobre un asunto clave: la autodeterminación de género, sin informes médicos y desde los 16 años.   

Han pasado ya 2 años desde que el Gobierno iniciara conversaciones sobre una nueva norma que recogiera la derechos del colectivo LGTBI y más en concreto, de las personas transexuales. En este recorrido, se ha producido roces y polémica entre los propios socios de la coalición pero también en el ámbito feminista. No ha sido ni sencillo ni rápido pero la ley trans ha salido adelante en la segunda vuelta del consejo de ministros. 

“El Estado les reconoce su derecho a ser”, ha afirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, “la rectificación se realizará en un plazo máximo de cuatro meses” con un sistema de “doble comparecencia”, por la que deberán reafirmar su decisión a los tres meses ante el Registro Civil. 

 

Los puntos claves que rigen esta nueva ley y recoge el diario 20 minutos son los siguientes:

Libre autodeterminación de género: Toda persona mayor de 16 años tendrá la opción de solicitar un cambio registral de sexo. Podrá hacerlo, además, sin necesidad de informes médicos y años de hormonación, como se exige ahora. El texto permite que las personas de entre 14 y 16 años cambien su sexo en el DNI con el consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. Además, se contempla la posibilidad de que los menores de 12 años puedan cambiarse el nombre en el Registro Civil.

Despatologización de las personas trans: Responde esta medida -esencia del articulado- al afán del Ejecutivo por “despatologizar” a las personas trans y que “dejen legalmente de ser consideradas enfermas”. De este modo, se fijan una serie de pasos a seguir en el camino hacia la rectificación registral.

La persona que así lo desee deberá solicitar el cambio ante un encargado del Registro Civil y rellenar un formulario en el que manifieste su disconformidad con el sexo que consta en sus documentos. En ese mismo instante, el empleado público le informará sobre las consecuencias legales de ese cambio; pero no será hasta pasados los tres meses cuando se vuelva a convocar al solicitante para que reafirme su solicitud. En un margen de tiempo de máximo un mes, el encargado del Registro Civil deberá dictar una resolución final.

Prohibidas las terapias de conversión: Las terapias de conversión, destinadas a modificar la orientación sexual de una persona, pasarán a estar completamente prohibidas con esta ley, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona afectada, y se castigará con multas de hasta 150.000 euros.

Reproducción asistida y filiación: Las mujeres lesbianas, sin pareja, y las personas trans “con capacidad de gestar” podrán acceder a las técnicas de reproducción asistida, que actualmente se limita solo a las mujeres casadas o con una pareja heterosexual demostrada.

El texto modifica también el artículo 120 del Código Civil para permitir la filiación de los hijos de las parejas formadas por dos mujeres sin necesidad de que estén casadas. Ahora, para que la pareja de la madre biológica conste también como progenitora del hijo, debe iniciar un proceso de tramitación que en la mayoría de casos se alarga durante meses, si no años. Con la ley trans, con que se presente una declaración del progenitor no gestante junto al formulario oficial del Registro Civil, ya valdría.

Promoción del empleo para mujeres trans: Se incorporan también medidas de acción positiva -como incentivos para la contratación de personas trans- para favorecer el acceso de las personas LGTBI al empleo, “especialmente” a las mujeres trans. Según reza el texto, el colectivo suele enfrentarse a barreras más gruesas a la hora de acceder al empleo. El 42% de las personas trans asegura haber sufrido discriminación mientras buscaba trabajo, y son ellas, además, las que acumulan mayores tasas de desempleo.

 

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