Los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado esta madrugada un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado con un gasto récord para el último año de la legislatura. Este acuerdo se formalizará durante una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en unas horas y, posteriormente, será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación, según han confirmados fuentes de Moncloa.
Entre los acuerdos, destaca el cheque para las madres con ayuda a la crianza por 100€ a los menores de 3 años, se incluirá a las familias monomarentales con dos hijos la categoría de familia numerosa, las pensiones se regularán para que mantengan su valor adquisitivo frente al alza de la inflación, o la subida salarial de los funcionarios.
Cheque para las madres
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha confirmado tras reunirse por la mañana con el presidente Pedro Sáncgez que se impulsará una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años. La ayuda ya existe para las madres trabajadoras (se puede cobrar cada mes o incluirla como deducción en la declaración del IRPF) pero ahora se expande a cualquier madre, esté o no trabajando.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz
Yolanda Díaz detalla que el acuerdo de PGE incluye el despliegue de una ley de familias y la revalorización de pensiones Familias monomarentales. Se asimilarán las familias monomarentales, con dos hijos, a la actual categoría de familias numerosas.
Revalorización de las pensiones
Yolanda Díaz también ha asegurado que las pensiones, sean contributivas o no, se incrementarán para que mantengan su poder adquisitivo frente al alza inflacionista. "Nuestros mayores tienen derecho a vivir con tranquilidad en un contexto convulso como el actual", ha celebrado.
Subida salarial de los funcionarios
Los Presupuestos incluirán el alza de sueldo para los funcionarios que el Gobierno pactó ayer con UGT y con CCOO. Unas cifras con las que discrepa sin embargo CSIF, la mayor organización sindical en la Administración General del Estado. La subida será de un máximo del 9,5% hasta 2024 y repartida en tres años para todos los empleados públicos de los distintos niveles territoriales de la administración. De ese 9,5%, un 2% ya se aprobó en los Presupuestos del año pasado, y otro 1,5% está condicionado a que se cumplan una serie de variables, por lo que el desembolso adicional fijo al que se compromete el Ejecutivo es de un 6% entre 2022 y 2024.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del plan fiscal del Gobierno
Hacienda subirá el salario a los funcionarios un máximo del 9,5% en tres años con el apoyo de UGT y CC OO, pero con el rechazo de CSIF Base reguladora del paro
En materia de empleo, la ministra ha señalado que se recuperará el 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación, una medida que, según calcula, beneficiará a unas 300.000 personas, "un gran avance que llegará a miles de hogares".
Dependencia y IMV
Por otra parte, se dotará de 600 millones de euros a un plan de choque en dependencia con el objetivo de reducir las listas de espera, implementando nuevas prestaciones y servicios. Asimismo, el IMV aumentará en los mismos términos que las pensiones y el IPREM se situará en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2023.
Agenda verde
Sin embargo, Díaz sí que habla de un despliegue de la agenda verde del Gobierno, consolidando el programa de renaturalización de las ciudades y reforzando las zonas de bajas emisiones, las de gestión forestal y protección del medio natural, con un impulso a los carriles bici.
Raquel Sánchez, ministra de Transportes
La ministra de Transportes "espera" aprobar la ley de Vivienda "antes de fin de año". No hay ley de Vivienda ni ampliación del permiso por hijo Los Presupuestos no incluirán finalmente la extensión de permisos de maternidad y paternidad a los seis meses (desde las 16 semanas actuales), que era una de las demandas de Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno.Tampoco habla de la Ley de Vivienda, que era una de las reclamaciones en las que precisamente Yolanda Díaz incidió ayer por la noche para hablar de que las negociaciones con el PSOE estaban encalladas.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 que, tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos la pasada noche, entrará la próxima semana en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, fue la encargada de presentar el proyecto de cuentas públicas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que son unos presupuestos que tienen como objetivo prioritario “acompañar a la sociedad española” para “transitar” en un momento de “enorme incertidumbre provocado por la guerra de Rusia”.
Durante la presentación del proyecto, Montero resaltó que, con estos presupuestos, “no puede haber justicia social sin eficiencia económica”, ya que esta justicia social es “condición necesaria para posibilitar el ensanchamiento de la clase media y trabajadora”.
Concretamente, indicó que el gasto en Sanidad “se habrá duplicado” sobre los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy y la inversión en la materia habrá aumentado “un 60 por ciento” desde entonces. Asimismo, las becas habrán registrado “un incremento de casi 900 millones de euros” y la inversión en I+D+i ha crecido “un 23 por ciento más”, hasta los 8.673 millones de euros. En infraestructuras, la inversión será un 50 por ciento superior, con 8.116 millones de euros.
Montero destacó que estos incrementos no se han producido con la ayuda de los fondos europeos Next Generation-EU, por lo que se trata de un “cambio estructural”.
En cuanto a la atención a la dependencia, esta habrá subido al fin de la legislatura un 150 por ciento respecto a las últimas cuentas del PP, hasta los 3.522 millones. La política de igualdad habrá subido un 24 por ciento, hasta los 260 millones de euros. “El Gobierno tiene una idea muy clara de lo que quiere como país, con mayor justicia social y mayor prosperidad económica”, señaló.
La ministra apuntó que el sector público “no es un lastre” sino que es “uno de los motores que nos permiten la creación de empleo”. En este sentido, resaltó el incremento en gasto de personal de un 6,6 por ciento, hasta los 20.502 millones, algo que se explica “por la mejora salarial del 2,5 por ciento que experimentará el gasto de personal y que se podrá incrementar en un punto adicional en función de cómo se comporte la inflación y el crecimiento”.
El gasto financiero aumenta, por su parte, un 3,7 por ciento “en línea con el incremento del gasto interés”, aunque Montero subrayó que no se debe a “un peor comportamiento de déficit público o de la deuda pública”.
El Ministerio de Transportes incrementa su presupuesto un 41,2 por ciento hasta los 700 millones, siendo “la mayor parte de esta cifra” la transferencia a Renfe para mantener la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia. “Vamos a convertir esta política en estructural y queremos ver los resultados concretos que aporta el transporte público para la transición ecológica”, indicó.
Montero destacó que se han elaborado las cuentas con un ‘techo de gasto’ de 198.221 millones de euros para 2023, lo que supone un gasto “récord” y un incremento del 1,1 por ciento más sobre el de 2022. Sin contar con los fondos europeos, la cifra es de 173.065 millones, un 1,9 por ciento más, lo que también es un “hito sin precedentes en la historia presupuestaria”.