El Ministerio de Transición Ecológica destinará ingresos obtenidos con las subastas europeas de derechos de CO2, que este año rondarán los 1.300 millones de euros, a las comarcas afectadas por el cierre de las centrales de carbón. Igualmente, con el objetivo de mantener el empleo y generar actividad económica local, piensa aplicar medidas fiscales, según confirma la Cartera de Teresa Ribera a elEconomista.es y según ha trasladado ya a los sindicatos.
Lo dejó caer la ministra en el Congreso hace un par de semanas: además de mantener lo recaudado con las subastas de CO2 a cubrir costes del sistema eléctrico, quiere " financiar las estrategias de transición justa a los territorios particularmente vulnerables", con especial atención a los afectados por los cierres de centrales térmicas de carbón, responsables del 58% de las emisiones eléctricas.
Y ahora lo confirman fuentes del Ministerio: "Mantenemos el compromiso con las comarcas mineras y buscamos una respuesta comprensiva para hacer una transición justa", con dos líneas de trabajo: conservar el empleo y generar actividad económica local a medio y largo plazo. Para ello, los técnicos ministeriales están buscando fondos procedentes de las subastas de CO2 y otras "herramientas diversas", como el apoyo fiscal para las empresas que contraten personal y rebajas en las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
Así se lo ha trasladado ya el Ministerio por escrito a los sindicatos con los que negocia el futuro de las comarcas mineras, UGT FICA y CCOO, que están valorando la propuesta del equipo de Ribera. El lunes volverán a sentarse las dos partes para reanudar las conversaciones.
En texto de Ley
Destinar parte de lo recaudado con las subastas de CO2 a facilitar una transición energética justa es una de las medidas que recogerá la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, según reveló el jueves Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, saldrá en breve a consulta pública.
A las subastas europeas de CO2 tienen que acudir las empresas de sectores energéticos e industriales, en función de su actividad. En el caso de España, participan unas 11.000 instalaciones que expulsan el 45% de todas las emisiones de efecto invernadero del país.
A España le corresponde el 14,8% de lo que se recauda con las subastas. Para este ejercicio esperaba obtener los 369 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado, pero el precio de la tonelada de CO2 se ha disparado desde los 7,5 euros hasta superar los 21 euros, por lo que el Ministerio ahora espera obtener unos 1.300 millones durante este 2018; hasta ahora ya se han obtenido unos 850 millones.