Aunque poner en marcha un ingreso mínimo permanente es un objetivo expreso del Gobierno de coalición y en particular del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la existencia de otras rentas similares en diversas comunidades autónomas obliga a unos procesos de regulación y uniformización que podrían llevar tres meses.
A esto se debe la necesidad de aprobar un ingreso mínimo que se ha dado en llamar “puente”. Según las fuentes consultadas, no se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, pero se confía en que se pueda aprobar la semana que viene, el martes o el viernes.
Precisamente hoy, el vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el propio Escrivá, mantuvieron sendas reuniones con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, además de con las organizaciones del Tercer Sector Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector.
Según informó Vicepresidencia de Derechos Sociales, en las reuniones se habló de "la necesidad de un gran acuerdo de país basado en el constitucionalismo social para afrontar la crisis" y el principal tema abordado fue la conveniencia de poner en marcha, con carácter urgente, este IMVP.
En la reunión, según Vicepresidencia, todas las entidades asistentes, tanto sindicatos como organizaciones del Tercer Sector, mostraron su total apoyo a esta medida extraordinaria, a la espera de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente.
Asimismo, Iglesias pudo constatar, mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven "adecuada y positiva esta medida". El vicepresidente ha intercambiado por ejemplo documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto.