Los representantes de los sindicatos de CCOO y UGT se reúnen con el secretario de Estado de Energía / Juan Lázaro / ICALCon el horizonte lleno de nubarrones para el futuro de térmicas como las de Compostilla II y Anllares, el Gobierno de la nación se ha comprometido con las secciones mineras de los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores a exigir a las empresas eléctricas más argumentos a la hora de plantear el cierre de estas instalaciones. El Ministerio de Industria prepara de forma paralela un Real Decreto o un reglamento para asegurar el futuro el centrales, al tiempo que espera abrir un hueco para el carbón nacional en la redefinición del mix energético planteada en la comisión creada para abordar las consecuencias del cambio climático.
El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, trasladó estas cuestiones en un encuentro celebrado este jueves en la sede del Ministerio de Industria con CC.OO y UGT, que volverán a ser citados en el mes de septiembre. Los sindicatos esperarán hasta esa fecha para comprobar el cumplimiento de los compromisos realizados por Navia. El secretario estatal de Industrias Extractivas de Comisiones, Jesús Crespo, reconoció a la salida de la reunión un sentimiento "agridulce" al contrapesar las "buenas palabras" con la "falta de concreción" en un contexto muy difícil para el sector mineroeléctrico en España.
"El diálogo se ha recuperado, pero se han conseguido pocas cosas o ninguna", lamentó Crespo, quien lamenta que Industria "no vaya más allá de declaraciones de buenas intenciones". "Si este cambio de voluntad se hubiera producido en el año 2014, habría estado bien. Pero hoy la situación es más complicada", añadió sin obviar casos como el de Uminsa (Unión Minera del Norte), que ya ha entrado en fase de liquidación y "está casi desaparecida", según remarcó el secretario sectorial de Minería de FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro) de UGT, Víctor Fernández.
Los sindicatos, que habían amenazado con emprender medidas de presión si pasaba el mes de julio sin ser convocados por Industria, recuerdan que con la vista puesta en la próxima cita de septiembre que hay formatos de encuentros ya establecidos como la comisión de seguimiento del Plan del carbón, que reúne a todos los agentes implicados. "Por ahora vamos a esperar a ver si estos movimientos que se anuncian se concretan en septiembre", señaló Crespo al respecto de cuestiones como la elaboración de un Real Decreto o un reglamento para salvar el futuro de las térmicas, una cuestión que ha generado polémica en la reciente visita a la comarca de una delegación de la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados.
Sin olvidar el planteamiento de que a partir del 1 de enero de 2019 haya “como mínimo” un plan social para afrontar los problemas que atraviesa el sector de la minería en España, UGT y CC.OO emandan solucionar el denominado “hueco térmico”. El compromiso del Gobierno es que el carbón nacional participe con un 7’5 por ciento en el mix energético y en estos momento se sitúa en el 4 por ciento. No obstante, sumado al carbón extranjero está llegando a representar más del 20 por ciento. Según las previsiones que manejan ambos sindicatos a final de año se habrán quemado 2,4 millones de toneladas de carbón nacional y 17 millones de carbón importado.
Los representantes de los sindicatos de UGT, Victor Fernández y de CCOO, Jesús Crespo, a su llegada al ministerio donde mantendrán una reunión con el secretario de Estado de Energía / Juan Lázaro / ICAL