Foto: César Sánchez / ICALLa directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Laura Martín, subrayó este miércoles que la entidad, nacida a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, mantiene un “compromiso a futuro” con las cuencas mineras tras el cierre de las centrales térmicas que utilizaban el mineral para generar electricidad. “En las cuencas mineras nos jugamos el futuro”, reconoció Martín, que consideró que los “nuevos desafíos” a los que se enfrentan estos territorios suponen una oportunidad para “generar una economía diversificada” que aproveche los “recursos endógenos” de cada territorio.
En ese sentido, la directora del ITJ señaló queEel Bierzo y el resto de las comarcas mineras son territorios que se han enfrentado a “largos procesos de reconversión”, en los que sus habitantes han “aprendido de una manera dura qué funciona y qué no”. “Queremos recoger esa experiencia para elaborar un mapa completo de proyectos y, en conjunto con otras administraciones y con los actores y agentes sociales del territorio, poner en marcha políticas de reactivación de una manera diferente”, avanzó Martín, que recalcó que “los problemas y las soluciones son diferentes en cada territorio”.
En la misma línea, valoró la puesta en marcha de los procesos participativos que culminarán en la elaboración de los distintos convenios de transición justa como una manera de “escuchar la voz de la gente” y conocer “proyectos que tengan sentido para el territorio. “En vez de trabajar en líneas de ayuda genéricas para todas las zonas, ponemos en marcha esta herramienta nueva para construir un plan a medio y largo plazo en cada una de ellas”, resumió Martín, que incidió en la necesidad de buscar “proyectos que vayan más allá de lo energético”. “No tendría sentido pasar de un monocultivo del carbón a un monocultivo de otro tipo”, afirmó.
Dentro de ese “mapa de futuro”, las empresas energéticas, propietarias de las centrales térmicas, jugarán un papel importante con el impulso a nuevos proyectos e inversiones en el territorio, en muchos casos relacionados con las energías renovables. “Les hemos pedido un esfuerzo por acercar la generación con renovables a los lugares donde se produce el desafío”, explicó Martín, que destacó que en algunos casos las compañías pondrán sus instalaciones al servicio de nuevas empresas, como hará Endesa en su central de Compostilla, en Cubillos del Sil, cerrada definitivamente el pasado martes.
Además, las operadoras también se comprometieron a ofrecer soluciones a sus trabajadores directos y a prestar acompañamiento a los empleados de las empresas auxiliares, “la parte más vulnerable del proceso”. Al respecto, Martín explicó que el ITJ dispondrá de un registro en el que figuren “todos los trabajadores, con sus nombres y apellidos”, con el fin de que la comisión de seguimiento sobre el acuerdo para el cierre de las térmicas pueda comprobar si las empresas cumplen con las contrataciones de estos empleados para las labores de desmantelamiento de las centrales y para los nuevos proyectos renovables. “Vamos a pedir a las empresas que cumplan esos compromisos, les vamos a seguir muy de cerca”, recalcó la directora del organismo, que aseguró que este asunto también cuenta con el “compromiso claro” del Ministerio de Trabajo.
Por otro lado, Martín recordó que el Gobierno pondrá en marcha en estas zonas diversas líneas de ayuda a corto plazo, como la que la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) destinará a la reactivación de los municipios afectados por el cierre de las térmicas, dotada con siete millones de euros. Por lo que respecta a las ayudas de 27 millones para la instalación de proyectos en los municipios mineros, la directora del ITJ apunta que estarán “resueltas en otoño”, de manera que este mismo año se disponga de una “lista de proyectos concretos que ayuden a levantar la economía de la zona”.
De la misma manera, la última modificación de la normativa sobre política energética, aprobada en diciembre de 2019, pone en manos del ITJ la competencia para sacar a concurso la capacidad térmica que dejan libre las centrales de carbón como un “activo del territorio”. Se trataría de impulsar “subastas a nivel local” para que los interesados en promover proyectos de energías renovables puedan “generar inversiones a corto plazo” en estas zonas. Además, los procesos de adjudicación, que se pondrán en marcha antes de final de año, valorarán cuestiones de tipo social, ambiental y de empleo. “No va a ser la típica subasta de quién puja más, sino un concurso de qué proyecto genera más empleo en la zona”, adelantó Martín.
Con todas estas medidas más las que puedan surgir tras el incremento en los fondos de transición justa que aportará la Unión Europea (UE), el Ejecutivo confía en combatir la “sensación de fin de época” tras el cierre de las minas y las térmicas. “No lo vemos como un final”, aseguró Martín, que recalcó que los compromisos con las zonas mineras se alargaron hasta 2027. “No se trata de cerrar y ya está, tenemos una oportunidad para levantar la vista y buscar un futuro real para la gente que se quiere quedar en el territorio”, resumió.