Este negro recuerdo del suceso ocurrido hace un año, llega con una mala noticia también para los ecologistas que impulsaron la reapertura de la investigación por los órganos judiciales, apuntando directamente a un ganadero residente en Bouzas -población ponferradina de la zona donde se inició el incendio-. La presión social, que se manifestó en la calle, pedía responsabilidades, pero todo se reduce ahora a ceniza porque la titular del juzgado nº8 ha decretado en las últimas horas el sobreseimiento provisional y archivo de la causa
El ganadero se negó a declarar acogiéndose a su derecho de no testificar contra sí mismo, y el juzgado no ha encontrado tampoco en las investigaciones policiales y periciales, pruebas "atribuir su perpetración a persona alguna determinada".
"La imputación del incendio ocurrido el 20 de abril de 2017 en el término de Bouzas al investigado (...) resulta tan sólo de sospechas que las asociaciones personadas hacen llegar al juzgado, pero que tras la práctica de diligencias no ha pasado de ser eso, sospechas y conjeturas".
Todo ello a pesar de que la Policía, en un primer informe remitido a los juzgados el 20 de mayo, apuntaba que los indicios llevaban a considerar al ganadero de bouzas como principal sospechoso.
Tampoco resultó fructuosa la petición del magistrado a las compañías telefónicas para determinar el posicionamiento del teléfono móvil del sospechoso en el momento de iniciarse los distintos focos del fuego.
Un informe de la Policía Judicial de la Comisaría de Ponferrada concluye que "es imposible determinar la ubicación exacta" del terminal "respecto a las antenas de telefonía" de la zona por cuestiones técnicas.