La nave ilegal que almacenaba más de 850 kilos de pescado y marisco (en su mayor parte mejillón) intervenido en Ponferrada el pasado día 21 de febrero distribuía mercancía en bares y restaurantes de toda la comarca del Bierzo, según informa este lunes Radio Bierzo, que ha tenido acceso al expediente de la causa investigada.
Los servicios veterinarios de Salud Pública se percataron de que el pescado, moluscos y crustáceos que estaban llegando a los clientes de varios establecimientos no contaban con garantías sanitarias ni era posible seguir su trazabilidad. La mercancía se adquiría en lonjas gallegas pero carecía de control en su transporte, conservación y distribución, que se realizaba en una red de establecimientos diseminados por toda la Comarca, y que compraban estas piezas a precio más barato que el normal de mercado.
Efectivos de la Patrulla Verde de la Policía Municipal de Ponferrada, en colaboración con los Servicios Veterinarios de Salud Pública de la Junta, localizaron en el casco urbano de la capital berciana una nave dedicada al almacenaje, clasificación y distribución de pescado al por mayor que no estaba debidamente acondicionada ni poseía licencia municipal para ejercer la actividad. Las instalaciones incumplían la normativa vigente en cuanto a procedencia, salubridad e higiene, apuntaron fuentes de la Policía.
Como consecuencia de la intervención, los agentes decomisaron más de 850 kilos de pescado y marisco, entre los que se cuentan 700 kilos de mejillones, 21 kilos de almejas, 20 kilos de merluza, 18 kilos de cabeza de bacalao, así como distintas cantidades de gallo, rape, lubina, lenguado, chicharro, berberechos, navajas, pota, gambas, nécoras, bueyes y vieiras, que quedaron inmovilizados.
Además, la nave en la que se almacenaba y clasificaba la mercancía quedó precintada por la Policía para evitar la continuación de la actividad ilícita. También se precintaron cuatro vehículos que se destinaban al reparto: tres furgonetas isotérmicas y un vehículo que no estaba adaptado para esa actividad. Como responsable de la supuesta empresa, se identificó a J.M.R.M., de 75 años. Los agentes también identificaron a T.G.S, varón de 58 años, y Z.B., mujer de 43 años, que ejercían como empleados en la compañía.