Dicha proposición pretende modificar el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 para incluir un nuevo punto que impida el cierre de la central si va a incidir negativamente en los precios, la competencia en el mercado eléctrico, las emisiones de gases de efecto invernadero o el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética.
Los órganos competentes para valorarlo serán la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Según la proposición, si alguno de estos órganos advierte incidencias desfavorables "significativas", podrán denegar la autorización para el cierre de las térmica.