Las Cortes Generales instaron a la elaboración de un informe de fiscalización que destapa ahora las irregularidades en las ayudas de reactivación para las comarcas mineras en dicho periodo de tiempo, tanto en materia de infraestructuras como en lo relativo a proyectos empresariales, cuyo importe total asciende a 1.786 millones de euros.
En dicho informe se encuentra un apartado específico sobre una subvención concedida al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, Mutualidad de Previsión Social para la construcción de La Residencia de Mayores 'La Minería', en Felechosa (Aller), sobre la que se abre proceso penal.
La conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Cuentas es que dichas ayudas se otorgaron durante once años "sin un plan estratégico específico", en un "marco ambiguo, escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades" tanto en su planificación, como en su ejecución.
Asimismo, otra de las cuestiones sobre las que se ha puesto el foco es que algunas de las ayudas concedidas para la reactivación de las comarcas mineras se destinaron a infraestructuras que "nunca se pusieron en uso", destacando especialmente el "reducido grado de ocupación en las inversiones realizadas en polígonos industriales".
El órgano fiscalizador insiste en que "ni las Comunidades Autónomas, ni el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón efectuaron los estudios de seguimiento pertinentes". Además, el informe sentencia que "el análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales correspondientes a Asturias, León y Teruel no evidencian sustancialmente que los recursos aplicados hayan tenido un impacto en la mitigación de la disminución de la población".
Así las cosas, el órgano fiscalizador insta al Ministerio para la Transición Ecológica, así como al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras que "mejore la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras del carbón".