Para la empresa, evitar el cierre como pretende el RD supondría una intervención en los precios de la electricidad, algo que va en contra de los principios que rigen el mercado europeo.
Por ello, solicita que, si el documento le obliga a mantener las centrales abiertas, se considere que presta “un servicio público que debe ser compensado de forma suficiente”.
El Real Decreto en el que se está trabajando desde el Gobierno establecerá las circunstancias en las que se podrá proceder a cerrar una instalación de generación eléctrica, alegando cuestiones de seguridad en el suministro y mantenimiento de ciertas fuentes de generación como "estratégicas". Con ello se pretende evitar el cierre de de centrales como Compostilla fijado en 2020.