“Dado lo complejo del asunto y las opiniones contradictorias e irreconciliables entre los técnicos jurídicos y los económicos sobre este tema, hemos decidido pedir consejo externo, aunque la última palabra se tomará en el Pleno, por supuesto”, argumentó la alcaldesa el pasado 15 de marzo para realizar una consulta externa que según la oposición no era necesaria.
La polémica del ‘macrocontrato’ se inició con la adjudicación del servicio por parte del gobierno de Samuel Folgueral a FCC por un plazo de 17 años más 3 prorrogables, a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos. Urbaser, la otra empresa que aspiró al servicio, presentó alegaciones al considerar que su oferta era más ventajosa desde el punto de vista económico. El TSJ anuló finalmente el ‘macrocontrato’, instando al Ayuntamiento a solucionar el problema de este servicio, que se ha alargado durante más de dos años.
Ahora, el informe externo propone dos soluciones jurídicas viables, según explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón. Por un lado, la adjudicación a Urbaser del contrato y por otro, la renuncia al contrato para volver a licitarlo elaborando nuevos pliegos conforme a la normativa actual.
Ramón, que sostiene que el PSOE aún no tiene clara su postura, adelanta que de ser posible se decantarían por renunciar al contrato por razones de interés público, optando por una gestión directa del servicio desde el propio Consistorio. "Hay que estudiarlo bien, se trata de una tema jurídicamente complejo".