García-Gallardo señaló que el objetivo es “lograr cumplir con una reducción no inferior al 50 por ciento”. Además, aprovechó para asegurar que durante el Consejo de Gobierno de este jueves “no ha reculado ni desmentido ningún extremo” en relación con el anuncio efectuado el pasado 13 de junio.
García-Gallardo ratifica que el plan inicial de ajuste de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo incluye diez medidas, que en la actualidad representan un total de 20,3 millones de euros de dinero público. Entre estas medidas figura la reducción de, al menos, la mitad de las subvenciones nominativas para participación institucional que reciben CEOE, CCOO y UGT (cuatro millones de euros), así como la “eliminación por completo de las subvenciones directas para Diálogo Social y prevención de riesgos laborales percibidas hasta ahora por estos mismos agentes sociales por importe de otros tres millones de euros”.
Añadió que el dinero ahorrado se invertirá en una “mayor dotación” de personal en las oficinas territoriales de Trabajo, que “realizan esta misma función”. Otros capítulos, recordó en un comunicado a los medios, son la “supresión de las cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales o las subvenciones a organizaciones representativas del trabajo autónomo y la economía social”.
A su juicio, parte de este dinero “se redistribuirá en otros fines que redunden en beneficio real de los ciudadanos” y, en particular, “los trabajadores, a cuya prestación pueden optar los propios agentes sociales siempre que demuestren que son los mejores preparados para ello en un proceso abierto de concurrencia competitiva, conforme a criterios objetivos”.
García-Gallardo subrayó que este plan es “solo un primer paso en el objetivo final”, comprometido en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, “de reducir sustancialmente el gasto superfluo que afecta, entre otros, a sindicatos, patronal y agentes sociales”. Es decir, “se va a revisar todo el gasto que no redunde en beneficio de los castellanos y los leoneses”.
“El fin del dinero público no puede ser en ningún caso comprar la paz social con el dinero de los contribuyentes, sino lograr un Diálogo Social fluido que tenga por único objeto mejorar las condiciones laborales, económicas, sociales y competitivas de nuestra región”, sentenció. Por último, defendió que estas medidas y las próximas “serán previamente negociadas y consensuadas” entre los dos partidos políticos que integran el Gobierno, “siempre dentro del marco del acuerdo de legislatura suscrito entre ambas partes”.