"Yo no voy nunca a las mesas (de contratación), ni tampoco presiono", afirmó la alcaldesa antes de insistir en que su prioridad es la defensa de los intereses generales del municipio y después de que partidos como el PSOE le exigieran explicaciones por estas conversaciones: "Mi obligación es reunirme con todos; otra cosa es que también mi obligación es obrar siempre correctamente y conforme a la ley. No puedo elegir con quién me reúno; no soy un particular, tengo que obrar por el bien de Ponferrada".
Tras subrayar que "la relación (con Ulibarri) no era precisamente idílica", Fernández Merayo reafirmó que tiene "la conciencia muy tranquila" y reivindicó la postura de su grupo político: "Cuando hemos tenido que votar en contra de los intereses de determinado grupo empresarial, hemos levantado la mano; otros grupos políticos no".
La revelación de estas conversaciones también suscitó la reacción del Grupo Municipal de Ciudadanos, que exigió la convocatoria de un Pleno Extraordinario para que la alcaldesa "dé cuentas de su relación con la Operación Enredadera". Fernández Merayo considera esta petición una "cortina de humo" para "tapar la lamentable actitud" de Ciudadanos en la sesión convocada para la aprobación del Presupuesto de 2018. El voto en contra de la formación naranja motivó la destitución de su portavoz, Rosa Luna, como presidenta del Imfe (Instituto Municipal para la Formación y el Empleo).