Igea considera "inviable" el toque de queda en Castilla y León ante el "esperpento" de situación jurídica

"No hay español que entienda lo que se vive hoy en este país”, afirma el vicepresidente de la Junta

17 de Julio de 2021
Actualizado: 19 de Julio de 2021 a las 11:16
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El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tachó este sábado de "esperpento” la situación jurídica que se está viviendo en España ante el toque de queda porque  “desgraciadamente, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han hecho su trabajo”.

Igea, que consideró “inviable” la petición del toque de queda en Castilla y León a tenor del informe de los servicios jurídicos de la Junta y por las dos sentencias existentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), aseguró que “no hay español que entienda lo que se vive hoy en este país”, al existir “17 situaciones posibles” en relación al dictamen del toque de queda.

“Hay lugares donde se puede dictar, sitios en los que no, y creo que es una de las cosas que dice bien a las claras de qué se ha ocupado el Gobierno de España durante toda esta crisis”, esgrimió el vicepresidente de la Junta, que acusó al Ejecutivo nacional de “salvar su cara y su responsabilidad en vez de aquello de lo que se tenía que ocupar que era salvar la vida de los españoles”.

El portavoz del Ejecutivo autonómico pronunció estas declaraciones ante los medios de comunicación en su asistencia a la convención política que Ciudadanos celebra este sábado y domingo en Madrid.

Cabe recordar que la Junta de Castilla y León ha constituido un grupo de trabajo con el objetivo de analizar las propuestas a tomar para frenar la quinta ola, y serán quienes decidirán las nuevas medidas a adoptar en los próximos días. El pasado jueves, en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Igea ya matizó que no pueden poner en marcha un toque de queda por municipios porque incurrirían en “una decisión ilegal”.

Ya el pasado miércoles, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, exponía que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico desaconsejaban la petición del toque de queda por carecer de suficiente respaldo legal.