El vicepresidente, portavoz y consejero Francisco Igea, se reúne con el alcalde de Santa Colomba de Somoza, José Miguel Nieto acompañado por la consejera Ana Carlota Amigo (Foto: Peio García / ICAL)

Igea pide “unidad de criterio” para que tras el fin del estado de alarma “no se haga una desescalada que genere desconcierto entre los ciudadanos”

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El vicepresidente del Gobierno autonómico asegura que la preocupación por la variante india de COVID-19 mantiene a la Junta “con un nivel de alarma importante”

Miriam Badiola / ICAL

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El vicepresidente, portavoz y consejero Francisco Igea, se reúne con el alcalde de Santa Colomba de Somoza, José Miguel Nieto acompañado por la consejera Ana Carlota Amigo (Foto: Peio García / ICAL)

 

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pidió este martes en León “unidad de criterio” al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del próximo jueves para que “se tomen decisiones juiciosas y no se haga una desescalada en la que se vuelva a generar un desconcierto entre los ciudadanos” tras la finalización del estado de alarma por el COVID-19 el próximo 9 de mayo.

Este jueves, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se reunirá para analizar un acuerdo que está siendo evaluado por los servicios jurídicos con la esperanza de “poder hacer una desescalada con racionalidad”, en la que “la medida más importante es la campaña de vacunación”, con la que Igea se mostró “muy contento” con la media de vacunación del 1% de la población diaria, lo que permite “tener un futuro muy razonable”.

No obstante, Igea puntualizó que los próximos dos meses “hay que pasarlos y hay que hacerlo bien” y recordó a la gente que “queda muy poquito”, pero que “no se equivoquen ahora” porque “sigue habiendo más de 140 personas ingresadas en la UCI e ingresos diarios”.

“Se puede ser optimista, nos queda muy poco, pero hay que ser responsable y las medidas de restricción que aún nos vemos obligados a mantener, y que sabemos que hay sectores que están muy agotados, por eso pedimos un último esfuerzo tras haber intentado limitar las medidas en el espacio para que sean lo menos generalizadas posibles”, expuso Francisco Igea.

En este sentido, el vicepresidente del Gobierno autonómico pidió a la población que “aguante un poco porque el verano está ahí”, para cuando se espera que “la población vulnerable esté completamente inmunizada”. En este momento, más del 90% de las personas mayores de 70 años ya han recibido una dosis y más del 50% de los mayores de 60 años también, lo que supone “un porcentaje de inmunización completa muy alto y por encima de la media”.

Por ello, el también portavoz de la Junta pidió “responsabilidad” porque “el virus sigue ahí”. Asimismo, trasladó su preocupación por la situación en Inglaterra y otros lugares “donde la presencia de la variante india de COVID-19 ya es más evidente” para “ver si es sensible a las vacunas o no y si se difunde con rapidez o no”.

Una preocupación que, tal y como aseguró Igea, es la que mantiene a la Junta “con un nivel de alarma importante”, a la espera de que el Consejo Interterritorial “tome decisiones juiciosas y se intente mantener una unidad de criterio para que no se haga una desescalada en la que se vuelva a generar el desconcierto entre los ciudadanos”. Una uniformidad de criterios que el también portavoz de la Junta reconoció que “es difícil” tener cuando “el Gobierno se niega a asumir esa responsabilidad”.

 

Decreto ley aprobado en Consejo de Ministros

Esta mañana, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que regirá el escenario nacional y las cuestiones legales pertinentes a partir del fin del estado de alarma este 9 de mayo. Con esta nueva normativa, se dota a las Comunidades Autónomas de instrumentos para que “en cualquier caso de razones de preocupación o emergencia, puedan dar respuesta a esas situaciones”, explicó Calvo. En cualquier caso, las decisiones requieren “como corresponde al estado de derecho que somos, autorización y supervisión de la garantía de los derechos jurisdiccionales de nuestro país”.

En definitiva, serán los tribunales quienes marquen el camino a partir de ahora.

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