El Gobierno de Japón ha dado a conocer esta semana su actual política energética, altamente basada en la energía nuclear, que ahora planteará la construcción de hasta 22 centrales térmicas en 17 ubicaciones diferentes a lo largo del país en los próximos 5 años. Pero este tsunami energético ha llegado también a Alemania, un país con décadas de lucha social contra las centrales nucleares. Alemania ha apostado también por volver a fortalecer el carbón, incluso en un difícil contexto internacional de lucha contra el cambio climático y las emisiones de CO2, que son el más grave de los problemas de la quema de este mineral para generar energía eléctrica.
La situación contrasta con la Comarca del Bierzo, la provincia de León y Asturias, donde las centrales térmicas de Anllares, La Robla o Compostilla, se encuentran en vías de desmantelamiento o con planes de cierre irreversibles. Todo ello con un alto coste de despidos y problemas laborales. Y sin alternativas económicas en unas comarcas cuya economía dependía en una enorme medida de estas actividades.
La Unión Europea destinará 7.500 millones de euros para los fondos de Transición Justa, de los cuales España recibirá tan sólo 307 millones. Este presupuesto fue propuesto a mediados del pasado mes de enero por la Comisión Europea para conseguir los objetivos de ser climáticamente neutros a partir de 2050. La UE destina esta partida presupuestaria para que “ningún país se quede atrás”, en palabras del Ejecutivo comunitario, y sobre todo ayude a las regiones que con anterioridad o actualmente contaban con industrias o cuencas mineras.
Los mayores beneficiarios en inicio serían Polonia, cuya economía aún depende de forma importante del carbón y que además tiene un gobierno refractario a la transición energética, y Alemania. España queda en la cola del reparto, por lo que el Gobierno ha manifestado su intención de negociar que se tomen en consideración criterios que favorezcan a países que ya han tomado iniciativas en este sentido.