El Juzgado de lo Penal número dos de León acoge el juicio por la muerte de seis trabajadores mineros en las instalaciones del Pozo Emilio, pertenecientes a la empresa Hullera Vasco Leonesa.El ingeniero técnico Miguel Ángel González García, ingeniero técnico que este miércoles declaró como perito de la acusación en el juicio por la muerte de seis mineros en la Hullera Vasco Leonesa en octubre de 2013, manifestó que el accidente fue “previsible y evitable” y que la mina “avisó” antes del siniestro.
“El día 25 cayó parcialmente la bóveda y nadie entró a poner puntales para sujetar. Aquí se ha creado una bóveda para que cayera y ahora se niega que cayó. El problema es que cuando cae, no tiene que haber grisú. Yo me sentiría como en el corredor de la muerte si me hubieran destinado allí a trabajar”, declaró y recalcó que no sutirar era la forma de controlar la bóveda y de evitar hechos como el ocurrido.
Acerca del siniestro, comentó que “no puede existir un DI (Desprendimiento Instantáneo) en las circunstancias que rodeaban la explotación. No lo puede justificar nadie. Hubiera habido una invasión masiva en toda la explotación. Habría carbón muy menudo en la explotación y eso no existió. ¿Dónde fue el carbón del DI, dónde se metió?”. Sobre ese mismo día lamentó que “técnicos de la Junta como el actuario no se atreviesen a entrar con la Brigada de Salvamento” para tener una noción inmediata de lo sucedido.
En su testimonio, en el que llegó a hablar de “negligencias gravísimas” fue crítico con las labores de control de la marcha de la actividad y del cumplimiento de las medidas de seguridad en la empresa. “Tienes que tener a alguien que sepa qué decisiones tiene que tomar. Los técnicos de una mina tienen que poner todos los medios a su alcance para que la gente trabaje con seguridad. La mina avisa, es un principio general, pero avisa a los que entran, desde la oficina es difícil oírla”, dijo.
“La mina se lleva muy mal desde la oficina”, recalcó antes de insistir en que “los técnicos deben entrar todos los días a la mina. La mina varía diariamente, no mensualmente” y de recordar que las hojas de comunicación dejaron constancia de que los vigilantes atendían más de una zona cuando su presencia debía ser permanente en el área asignada.
También cuestionó el cumplimiento, en la práctica, de las prescripciones impuestas por la Junta a la empresa que sí podían aplicarse en teoría y apeló a la propia responsabilidad de la empresa y los trabajadores más cualificados. “Hay medidas de seguridad se tienen que tomar aunque no estén escritas. Si ves que algo va mal o hay un problema, hay que solucionarlo”, recalcó y respecto al comité de seguridad comentó que cumplía “una función burocrática y poco más”, aseguró. A su juicio, el proyecto de explotación autorizado en 1999 debería haber sido modificado por la compañía y presentado a Minas cuando se decidió cambiar el modo de explotación.
Miguel Ángel González, que ocupó varias categorías laborales durante su trayectoria en la compañía minera, recibió la ovación de los familiares de las víctimas a su llegada la los juzgados de León, donde se desarrolla el juicio, como agradecimiento público a su colaboración desinteresada en el caso.