El Gobierno destina 25 millones para restaurar la mina Nueva Julia dentro del Acuerdo Marco de buscar alternativas para las comarcas mineras

La explotación de carbón a cielo abierto de la mina Nueva Julia, ubicada en una extensión de 406 hectáreas que abarcan los municipios de Villablino y Cabrillantes, supondrá una inversión de 24.346.882 de euros, de los cuales, el IRMC aportará el 75% del coste total del proyecto con cargo a sus presupuesto de 2019. Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla León deberá hacer un esfuerzo inversor de al menos el 25% restante

25 de Octubre de 2019
Actualizado: 28 de Octubre de 2019 a las 14:02
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El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica, y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León firmaron este viernes un convenio de colaboración para la ejecución del proyecto de restauración minera. La explotación de carbón a cielo abierto de la mina Nueva Julia, ubicada en una extensión de 406 hectáreas que abarcan los municipios de Villablino y Cabrillantes, supondrá una inversión de 24.346.882 de euros, de los cuales, el IRMC aportará el 75% del coste total del proyecto con cargo a sus presupuesto de 2019. Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla León deberá hacer un esfuerzo inversor de al menos el 25% restante. La ejecución del proyecto deberá estar terminada antes del 30 de septiembre de 2021.

Este convenio se enmarca dentro del Acuerdo Marco para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 con medidas para impulsar económicamente estos territorios, con proyectos de infraestructuras y restauración de zonas degradadas, cuyo plazo de aplicación se amplió hasta diciembre de 2020 en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Ley.

 El proyecto contempla acciones de acondicionamiento de huecos y escombreras, restauración vegetal, red de drenaje, demolición de instalaciones auxiliares y gestión de residuos, así como de vigilancia y control ambiental. Las tareas de recuperación medioambiental se consideran prioritarias para el desarrollo de políticas de transición justa y en ellas se han tenido en cuenta tanto la normativa medioambiental de la Comunidad Autónoma, como las directrices y los planes de conservación recogidas en las directivas europeas.


El convenio aprobado este viernes se enmarca en el compromiso del Gobierno de acompañar, con medidas que impulsen una transición justa, a aquellas zonas afectadas por cierres de minas de carbón, y centrales térmicas.