La alcaldesa de Ponferrada advierte de "irregularidades" en la tramitación administrativa de dos expedientes de expropiación

05 de Abril de 2019
Actualizado: 06 de Abril de 2019 a las 12:36
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La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, advierte de "irregularidades" en la tramitación administrativa de dos expedientes de expropiación, relacionados con parcelas en el entorno del castillo de los Templarios y el Campus de la ULE. "No se ha respetado el procedimiento legalmente establecido porque es competencia de la Junta de Gobierno y se tramitó sin conocimiento de la Alcaldía ni de la Junta de Gobierno cometiendo una irrregularidad administrativa muy importante", explicó.

Esta situación ha llevado a un enfrentamiento dentro del equipo de gobierno, concretamente entre la alcaldesa y su concejal de Urbanismo, Ricardo Miranda, y que ha quedado reflejado en varias actas de la Junta de Gobierno. En ellas se hace referencia a la expropiación forzosa solicitada por una empresa de la capital berciana para una parcela ubicada en la calle Gil y Carrasco, en frente del castillo, con un justiprecio de cerca de 152.000 euros según la Comisión Territorial de Valoración.

"Hay muchos particulares que han pedido expropiaciones y a todos se les contesta que no. ¿Por qué aquí no se contesta? ¿Por qué aquí se tramita de una forma irregular? ¿Por qué me entero cuando llega la resolución de León? No puedo cerrar los ojos a una ilegalidad", añadió Fernández Merayo, que señaló que están estudiando las circunstancias que rodean a esta tramitación para depurar responsabilidades ya que "no consta en ningún sitio la firma de la alcaldesa y que se haya llevado a Junta de Gobierno. En este caso se trata de un expediente de expropiación ya finalizado y, subrayó, hay otro expediente en tramitación que se encontraría igualmente en una situación irregular.

Respecto a este último, la alcaldesa señaló que tuvo conocimiento de él porque se lo notificaron desde la Universidad de León, sin que tampoco se hubiera dado traslado de él ni a la Alcaldía ni a la Junta de Gobierno. "No admito ilegalidades, ni irregularidades ni nulidades", insistió Fernández Merayo, que recalcó que pueden suponer "un quebranto importante para las arcas públicas".