El Ayuntamiento de Ponferrada ha constituido este miércoles la comisión de estudio para la municipalización del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y mantenimiento y conservación de zonas verdes, conocido como 'macrocontrato', según han informado fuentes municipales.
La comisión está presidida por la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y cuenta con siete concejales, uno por cada grupo político. Están presentes también como miembros de la misma el jefe del servicio de Medio Ambiente, la jefa Ingeniera Municipal, el jefe de Personal, la Interventora, la Secretaria, el abogado del Ayuntamiento y el jefe de Contratación. Estos miembros no cobrarán por pertenecer a dicha comisión.
En esta primera reunión, además de sus miembros, aprobaron la periodicidad de las sesiones ordinarias de trabajo que serán cada dos semanas, en concreto los martes a las 9.00 horas.
Por último, se planteó la necesidad de elaborar un plan de trabajo, así como la petición de informes técnicos para dar comienzo con carácter inmediato a las reuniones para la municipalización de los servicios municipales objeto de estudio. El próximo martes 5 de marzo se celebrará la siguiente reunión.
'Macrocontrato'
El pleno de Ponferrada celebrado el pasado 31 de enero aprobó la creación de esta comisión, con el apoyo de todos los grupos excepto USE Bierzo, que se abstuvo. El objetivo es analizar la mejor forma de prestar este servicio, ya sea mediante un contrato de servicio o gestión directa.
Cabe recordar que el Ayuntamiento declaró desierto el contrato en un pleno extraordinario celebrado el pasado 27 de noviembre de 2018, en el que también se aprobó el inicio del expediente para determinar como se prestará este servicio.
Estas decisiones vinieron motivadas por el cumplimiento de la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl), que eliminó la adjudicación del contrato a la empresa Urbaser. El 'macrocontrato' se le había adjudicado a esta empresa en julio tras la anulación del contrato a FCC -que prestaba el servicio desde 2014, cuando gobernaba el bipartito- por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.