Al respecto, el pedáneo tuvo que esperar hasta el punto del orden del día relativo al control y fiscalización de los órganos de gobierno para intervenir con los mismos tiempos que cualquier otro portavoz. En la moción presentada por Ponferrada en Común (PeC), que solicitaba al Ministerio de Hacienda la modificación de ese Real Decreto y a la Diputación de León la creación de un servicio específico de asistencia a las juntas vecinales, el presidente de la junta vecinal aseguró que prefiere que sea un habilitado nacional el que se ocupe de estos asuntos y negó que la Diputación tenga que ejercer de “solucionador de problemas”.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, presentó otra moción para pedir la derogación de la disposición del Real Decreto que impide el acceso de vecinos no habilitados al puesto de secretario. En su turno, Buelta insistió en que lo necesario es “crear plazas para funcionarios nacionales”, ya que “los primeros conflictos de intereses de las entidades locales menores son con el Ayuntamiento”. Pese a las manifestaciones en contra del pedáneo, ambas mociones resultaron aprobadas.
Antes, el pleno aprobó por unanimidad la modificación de los estatutos del consorcio universitario del centro asociado de la Uned de Ponferrada para adaptarlos a la nueva ley del régimen jurídico del sector público. Además, se aprobó también la nueva política ambiental del Ayuntamiento, con el objetivo de renovar sus certificaciones de calidad.