La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ya ha emitido sentencia y desestima sobre el recurso presentado por FITA-UGT y CCOO de Industria contra el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras por los atrasos del IPC correspondiente a los años 2011 y 2012 que adeuda el Estado a los prejubilados de la minería privada. Contra la sentencia hay todavía posibilidad de recurso de casación, que será estudiado por los servicios jurídicos de ambos sindicatos, según adelantó responsable de CCOO en Laciana y secretario de Minería en CCOO de Industria de León, Omar García.
La sentencia respalda su decisión en las medidas de austeridad al reconocer la "singularidad" de la medida adoptada en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1545/2011 que suspendía la actualización para los años 2011 y 2012 y que "fue adoptada respecto del resto del personal al servicio del sector público y fue expresión del plan de contención del gasto público aprobado por el Gobierno". La Audiencia Nacional ya había resuelto en ese mismo sentido en otros casos anteriores, desestimando igualmente el recurso.
Asimismo, considera que la suspensión de la revalorización del IPC real "no se produjo con los efectos retroactivos que se denuncian en la demanda" y se respetaron "los límites de la retroactividad", al tiempo que rechaza que se hayan vulnerado el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
Desde los sindicatos no están de acuerdo con el fallo, ya que entienden que "no reconocen el derecho por el tema de la austeridad". "Que eso no lo diga un político lo podemos entender, pero no que nos lo día un juez", apuntó Omar García, que insiste en que estudiarán la posibilidad de un recurso de casación en el que FITA-UGT y CCOO de Industrial volverán a ir de la mano para reclamar el pago de esos atrasos que afectarían a unos 3.000 trabajadores en la provincia de León.