Así lo ha confirmado este miércoles el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, en el pleno celebrado durante esta jornada. De este modo, si se lleva a cabo lo propuesto durante esta jornada en la sede provincial, el Consorcio Provincial de Gestión de las Basuras, Gersul, se disolvería y la gestión quedaría en manos de los ayuntamientos, mancomunidades y el gobierno provincial, como ha adelantado iLeón.com.
Esta decisión ha sido comunicado ante las preguntas del PP y Ciudadanos sobre las últimas polémicas relacionadas con la huelga de basuras que se suspendió el pasado lunes, día en el que comenzaba.
Recordemos que en las últimas semanas Gersul ha protagonizado muchos titulares por el desacuerdo con UTE Legio VII sobre el pago del canon a los trabajadores y la huelga indefinida a la que se enfrentaban de no hacerlo. Morán 'tasó' en 800.000 euros esta desavenencia, “una cantidad que no es muy importante desde el punto de vista económico, pero que puede sentar un precedente desde el punto de vista jurídico”, decía el presidente. Ese sería el dinero que UTE demanda para compensar la subida de salario de sus trabajadores y que exige a Gersul que aporte.
Esta situación es el reflejo de un problema que se remonta años. Tanto en 2019 como en abril de este año, la UTE se comprometió a adaptar el convenio si Gersul asumía la adaptación del canon de explotación. Una subida que Dorado, diputado provincial, aceptó estudiar y que finalmente fue aprobado por el interventor.
Los trabajadores llevan desde 2013 pidiendo que su salario se adapte a la subida del IPC, lo que supondría un incremento del 10% en sus nóminas. Para ello, la UTE pide una actualización del canon de explotación a la que Gersul se comprometió hace años, pero que nunca ha llegado.
Además de esto, otro de los motivos para la disolución del Consorcio es la deuda que arrastraba desde 2009 con la concesionaria del servicio, la UTE Legio VII. Esta fue liquidada en su totalidad después del abono del último plazo que se ha hecho efectivo el pasado 12 de enero.
La transacción judicial de reconocimiento de la duda fue refrendada en sede judicial el 31 de julio de 2018 por importe total de 23.021.335 euros, de los que 16.190.046 correspondían a impagos durante los años 2009 y 2010, y los 6.831.289 euros restantes, a intereses devengados hasta la referida fecha de la transacción.
Desde la llegada del actual equipo de gobierno, en julio de 2019, se abordaron una serie de actuaciones previas necesarias para poder afrontar el pago de esos algo más de 23 millones. De este modo, se giraron al cobro en vía ejecutiva recibos de los años 2014 a 2018 para evitar que prescribieran. Se aprobaron las liquidaciones y cuentas generales del mismo periodo que estaban pendientes. También se aprobó el presupuesto del ejercicio 2019 y, posteriormente, los de 2020, 2021 y 2022.