La Fiscalía de Ponferrada pide 15 años de prisión para un hombre por un delito de violación y de abuso sexual continuado a una menor, de 10 años, hija de su prima. Este parentesco "le permitía tener muy fácil acceso y contacto con la misma", como relata el auto remitido por el órgano judicial.
El acusado "con el propósito de satisfacer sus instintos sexuales y con ánimo libidinoso, y pese a tener perfecto conocimiento tanto de la edad, 10 años, como de la condición de niña, la obligó a mantener relaciones sexuales con él, de modo que la obligó a chuparle su miembro viril y le introdujo sus dedos en los órganos genitales. Además, desde enero hasta mayo de 2011, en sucesivas ocasiones y aprovechando las circunstancias de parentesco, intentaba atemorizarla con expresiones tales como “si alguien se entera de esto nos matarían” y efectuaba tocamientos de índole sexual a la niña en su pecho, así como también la chupaba por distintas partes de su cuerpo y la obligaba a tocarle sus órganos sexuales", según aparece reflejado en el auto.
Como consecuencia de estos hechos, la entonces niña, "sufrió estrés postraumático crónico en grado moderado, determinante, según informe forense, de 4 puntos de secuela", por lo que se reclama una indemnización.
Así, al hombre se le imputa un delito de violación, previsto y penado en los Art. 179 y 180.1.3a del Código Penal, en la redacción dada a la fecha de los hechos; y un delito continuado de abusos sexuales, previsto y penado en el Art. 183.1.2.4.d) del Código Penal en la redacción dada a la fecha de los hechos.
La Fiscalía pide, por el delito de violación, la pena de 15 años de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 20 años, conforme a los Art. 57.1 y 2 y 48 del Código Penal.
Por el delito continuado de abusos sexuales, la pena de 10 años de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 15 años conforme a los Art. 57.1 y 2 y 48 del Código Penal.
Asimismo, el procesado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 40.000 euros, con aplicación de los intereses legales previstos en el Art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley 35/1995 de 12 de diciembre. En caso de que se declare la insolvencia del procesado, óbrese conforme a lo dispuesto en el Ley 35/1995 de 12 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
