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La huelga de basuras en la provincia de León ya se considera “inevitable”: el Comité prepara encierros tras agotar las negociaciones

Aitana Brusa

Recordemos que la decisión de ir a paro se daba a conocer el viernes, tras la reunión mantenida el pasado jueves con el servicio de mediación, SERLA en la que estaban el presidente de Gersul, el diputado Santiago Dorado, los representantes de la UTE Legio VII y los trabajadores, y en la que no se llegó a un acuerdo. Como medida de presión, los trabajadores están “valorando cerrarse en la sede de la Diputación” y avisan “sólo es el comienzo”. Así, desde las 7 horas del lunes, 26 de septiembre, comenzará el paro y dejará de recogerse la basura en la provincia, y advierten que “cuando la gente vea que está todo sin recoger, que sepan que los culpables están en Diputación”

Recordemos que la decisión de ir a paro indefinido en el servicio provincial del CTR venía vislumbrándose desde hace una semana y ya es un hecho tras la reunión mantenida en las últimas horas entre el presidente de Gersul, el diputado Santiago Dorado, y los representantes de la UTE Legio VII . Sin avances y ello aboca a la huelga ya anunciada desde la madrugada del domingo al lunes. Como medida de presión, los trabajadores están “valorando cerrarse en la sede de la Diputación” y avisan “sólo es el comienzo”. Así, desde las 7 horas del lunes 26 de septiembre, comenzará el paro y dejará de recogerse la basura en la provincia, y advierten que “cuando la gente vea que está todo sin recoger, que sepan que los culpables están en Diputación”

“La huelga es imparable e inevitable”, así lo ha confirmado Fernando Abella, presidente del comité de empresa del Centro de Tratamiento de Residuos, a InfoBierzo. Tras las distintas reuniones mantenidas durante las últimas semanas, las partes implicadas en este conflicto -UTE y Gersul- no han llegado a ningún acuerdo y prosiguen con su plan de ir a paro, primero durante 15 días, “aunque casi seguro que después se tornará indefinida”, aseguraba Abella.

Recordemos que la decisión de ir a paro se daba a conocer el viernes, tras la reunión mantenida el pasado jueves con el servicio de mediación, SERLA en la que estaban el presidente de Gersul, el diputado Santiago Dorado, los representantes de la UTE Legio VII y los trabajadores, y en la que no se llegó a un acuerdo.

Como medida de presión, los trabajadores están “valorando cerrarse en la sede de la Diputación” y avisan “sólo es el comienzo”. Así, desde las 7 horas del lunes, 26 de septiembre, comenzará el paro y se dejará de recogerse la basura en la provincia, y advierten que “cuando la gente vea que está todo sin recoger, que sepan que los culpables están en Diputación”.

Esta situación es el reflejo de un problema que se remonta años. Tanto en 2019 como en abril de este año, la UTE se comprometió a adaptar el convenio si Gersul asumía la adaptación del canon de explotación. Una subida que Dorado aceptó estudiar y que finalmente fue aprobado por el interventor. El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán ha cifrado esta ‘diferencia’ entras las partes en 800.000 euros, “una cantidad que no es muy importante desde el punto de vista económico, pero que puede sentar un precedente desde el punto de vista jurídico”, decía el presidente.

Ese sería el dinero que UTE demanda para compensar la subida de salario de sus trabajadores y que exige a Gersul que aporte.

Los trabajadores llevan desde 2013 pidiendo que su salario se adapte a la subida del IPC, lo que supondría un incremento del 10% en sus nóminas. Para ello, la UTE pide una actualización del canon de explotación a la que Gersul se comprometió hace años, pero que nunca ha llegado.

Desde las 7 horas del lunes, 26 de septiembre, comenzará el paro y se dejará de recogerse la basura en la provincia, y advierten que "cuando la gente vea que está todo sin recoger, que sepan que los culpables están en Diputación"

Como medida de presión, los trabajadores están "valorando cerrarse en la sede de la Diputación" y avisan "sólo es el comienzo"

Los trabajadores llevan desde 2013 pidiendo que su salario se adapte a la subida del IPC, lo que supondría un incremento del 10% en sus nóminas

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