En su balance, Silvia Martínez Cantón critica que "los funcionarios se agolpan en oficinas de las UPADs que cumplen estrictamente con el espacio mínimo previsto en la normativa que regula los espacios de trabajo. Esta circunstancia impide cumplir con lo previsto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, por cuanto, cuando la víctima comparece ante el juzgado, se dirige inicialmente al funcionario que tramita su procedimiento, sin que sea posible de forma alguna preservar su intimidad y, de manera involuntaria, se transmiten datos de su vida privada que pueden constar en las actuaciones y que pueden escuchar el resto de los ciudadanos que se encuentran en ese momento en el espacio de la UPAD realizando cualquier otro trámite"
Igualmente, la juez explica en un comunicado oficial que "nada se ha resuelto aún respecto de los problemas de electricidad estática, por cuanto el Ministerio de Justicia ha estimado que ésta se encuentra dentro de los umbrales de normalidad. El escaso espacio proyectado para el archivo sigue siendo insuficiente. Sin embargo, de forma parcial se ha matizado este problema gracias a las medidas para la recuperación de espacio tomadas desde la Dirección General del Servicio Común General -responsable de los archivos-, tales como el reciente expurgo".
Por otro lado, desde el Ministerio de Justicia se ha empezado a tomar medidas para tratar de colocar estanterías móviles en una de las salas de archivos que, sin duda, contribuirán también a paliar este problema. Igualmente, la institución ha anunciado que en los próximos meses proyectará la construcción de las salas de vistas solicitadas desde el Decanato, trasladará el punto de Atención al Público a un lugar más visible y realizará otros pequeños cambios en el edificio antiguo que tratarán de mejorar las condiciones laborales de quienes prestan sus servicios en la Administración de Justicia.
La nueva Oficina Judicial sigue asentándose
En lo que respecta a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, Martínez Cantón explica que "continúa asentándose respecto a sus funciones, máxime cuando la misma estaba ya concebida desde su implantación para funcionar con el expediente judicial electrónico (éste fue implantado el 1 de enero de 2016)".
Aún existen deficiencias sobre la atribución de determinadas funciones entre las UPADs y el Servicio Común de Ejecución Procesal que, si bien se espera que se resuelvan próximamente con los cambios que la implantación del expediente judicial electrónico conlleva, se solventan en la actualidad con la buena voluntad de todos los intervinientes en el proceso.
Algunas deficiencias de personal en las relaciones de puestos de trabajo han sido ya subsanadas mediante la incorporación definitiva a la plantilla de los puestos de trabajo inicialmente previstos como refuerzos. Sin embargo, la mayor afluencia coyuntural de carga de trabajo en las UPADs, o incluso en algunos de los puestos de las UPADs –por ejemplo, con motivo de la prestación del servicio de guardia-, al ser plantillas de solo cuatro funcionarios, no permite una reacción y readaptación tan rápida como permitían las plantillas anteriores de siete funcionarios.
En general, la percepción exterior respecto al Servicio Común de Ejecución Procesal es muy positiva, por cuanto se están consiguiendo muy buenos resultados en cuanto a la celeridad en la tramitación. Sin embargo, no debe olvidarse que en estos momentos un solo funcionario lleva lo que antes gestionaban dos, con el consiguiente incremento de la carga de trabajo. Igualmente, el exceso de carga de trabajo repercute sobre los Letrados de la Administración de Justicia que allí trabajan.
Esta carga de trabajo para los Letrados de la Administración de Justicia de las UPADs también se ha incrementado, pues en la actualidad cada uno de ellos es responsable de dos órganos judiciales, siendo ocho de ellos en Ponferrada de carácter mixto, es decir, que cumplen funciones jurisdiccionales en el ámbito civil y en el ámbito penal.
Reconocen también desde la institución que se han percibido cambios relevantes en cuanto al trato con profesionales, tales como la atención en ventanilla –cada vez menos con motivo del expediente judicial electrónico- y la rotación de personal en algunos servicios, que impiden conocer a quién se deben dirigir informalmente para obtener información que facilite su desempeño ordinario. Igualmente, se ha dificultado el acceso a los expedientes físicos, ya que en ocasiones éstos se encuentran en otro servicio o en trayecto de un servicio a otro. Este trasiego de expedientes conlleva una ralentización del trabajo, antes inexistente cuando todo el procedimiento se llevaba ante un único órgano.
Por último, se ha percibido desde el principio un incremento en la lentitud para la realización de trámites a través de las aplicaciones de gestión procesal, incluso en la carga de los perfiles de cada operador jurídico a la hora de la mañana, probablemente atribuible a la unificación provincial de servidores en la ciudad de León, con el consiguiente traslado del servidor de Ponferrada. Igualmente, la adaptación de los modelos del Sistema de gestión procesal Minerva-NOJ ha sido excesivamente lenta, debiendo elaborar en un principio cada juzgado modelos propios para la tramitación hasta que los modelos adaptados han sido cargados en el servidor.
Todos estos cambios relatados y la adaptación que Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios ha realizado a las nuevas condiciones de trabajo, no habrían sido posibles sin la absoluta dedicación de la Técnico Informático y del formador adscritos a los Juzgados de Ponferrada, que solventan de forma urgente cada problema o duda que surge más allá de lo que se exige y espera.