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La Junta de Castilla y León aprueba las bases de las ayudas a trabajadores en ERE

ICAL

Las ayudas pretenden paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contrato de trabajo o reducción de la jornada en situación de especial vulnerabilidad, incluidos los fijos discontinuos

Archivo. Las consumiciones en barra se han suprimido en la hostelería durante al menos 14 días por el confinamiento de la capital leonesa

 

La Junta de Castilla y León aprueba las bases reguladoras de una línea de ayuda destinada a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada en situación de especial vulnerabilidad. Así lo recoge una orden que se publica este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La ayuda económica se establecerá como una cuantía fija

Para paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo

El beneficiario deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias

Las ayudas pretenden paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contrato de trabajo o reducción de la jornada en situación de especial vulnerabilidad, incluidos los fijos discontinuos.

A los efectos de esta ayuda, se entiende por situación de especial vulnerabilidad, cuando el nivel anual de rentas de la persona que solicita la ayuda y de su cónyuge, o en su caso de la otra persona integrante de la pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro Oficial, sea igual o inferior a 3,5 veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM) vigente al momento de publicación del extracto de la orden de la convocatoria. A tal efecto se considera el IPREM anual a 14 pagas.

La ayuda económica se establecerá como una cuantía fija. Los intervalos fijados son: entre 40 y 55 días de jornadas completas de suspensión: 250 euros; entre 56 y 70 días de jornadas completas de suspensión: 333 euros, y más de 70 días de jornadas completas de suspensión: 376 euros.

El beneficiario deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, antes de producirse la propuesta de concesión. Igualmente ha de estar al corriente de dichas obligaciones durante el período comprendido entre la propuesta de concesión y el de realización del pago.

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