La consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció que remitieron en la jornada de ayer a la Fiscalía toda la documentación sobre la atención sanitaria en las residencias de mayores ante la investigación abierta, en la que se constata que “en ningún momento se prohibió el traslado de residentes a los hospitales”.
Casado remarcó la documentación remitida con datos entre el 20 de marzo y mediados de abril, en la que se destaca que “en todo momento estuvo la atención garantizada a los residentes”. Una atención, dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ordinaria a través de los equipos de las residencias así como de los centros de salud, junto a la puesta en marcha del recurso COVID-19 residencias, con médicos de Familia y hospitalarios.
Un servicio, dijo, que muy pocas autonomías pusieron en marcha, y que garantizó toda la dedicación sanitaria a estas personas, con oxígeno y “las mismas condiciones que en los mismos hospitales” “Todo se ha trasladado a la Fiscalía para que proceda a su análisis”, dijo.
Por último, defendió que en ningún momento se ha puesto en duda las competencias de los médicos del sistema COVID en residencias, y ensalzó su “trabajo extraordinario” sus métodos y tratamientos en estos centro. Aseveró que “tampoco hubieran aceptado ninguna injerencia en sus decisiones y cuando decidieron un ingreso se ingresó”.
En este contexto, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, asumió que desde el Ejecutivo “están muy satisfechos” y asumen todas las investigaciones judiciales que sean precisas para que todo quede claro.