La Junta firma con el MITECO y la FEMP el convenio para la Transición Justa en las cuencas mineras

Los proyectos que se desarrollen en el marco de los Convenios de Transición Justa servirán para "dinamizar la actividad económica de la zona que garantice la recuperación y la reactivación económica, generando nuevas oportunidades inclusivas en los territorios"

20 de Noviembre de 2020
Actualizado: 24 de Noviembre de 2020 a las 10:47
Guardar
mineria
mineria
Esta semana El Bierzo sopló las velas del triste segundo aniversario del histórico último relevo en el Pozo Salgueiro. Y precisamente en este contexto, la Junta de Castilla y León ha firmado este viernescon el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el Protocolo de Actuación que desembocará en la firma de los Convenios de Transición Justa para Velilla-Guardo, la Montaña Central Leonesa-La Robla y Bierzo-Laciana. La rúbrica se ha producido de manera telemática entre el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo; la secretaria de Estado de Energía del MITECO y la FEMP.

Los proyectos que se desarrollen en el marco de los Convenios de Transición Justa servirán para "dinamizar la actividad económica de la zona que garantice la recuperación y la reactivación económica, generando nuevas oportunidades inclusivas en los territorios". En este sentido, fuentes del ejecutivo autonómico explican que los Protocolos de Actuación son documentos suscritos entre la Junta de Castilla y León, la Administración General del Estado y los entes locales para reflejar el compromiso adquirido por las diferentes Administraciones para trabajar conjuntamente en la elaboración los Convenios. Así, actúan como garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos de las zonas afectadas por la transición energética. Este paso facilita, además, que la Junta, el Instituto para la Transición Justa, y el resto de Administraciones, pueda iniciar el proceso de selección de iniciativas.

Procesos de participación pública

Con el fin de elaborar herramientas adecuadas a las necesidades del territorio, el MITECO abrió el 16 de junio los procesos de participación pública para la elaboración de los distintos convenios de transición en las áreas afectadas por los cierre de las explotaciones y centrales de generación térmica con carbón de la Comunidad. El objetivo de estos mecanismos ha consistido en que los agentes económicos y sociales de la zona afectada formen parte del proceso de transformación económica en su territorio, aportando iniciativas que servirán de base para la elaboración del Convenio de Transición Justa para la zona.

Como resultado de esos procesos, se han recogido 839 ideas y propuestas remitidas por más de 200 agentes del territorio: representantes de la Administración Central y Autonómica, administraciones comarcales, ayuntamientos, empresas, sindicatos, asociaciones ecologistas, grupos de acción local y desarrollo rural, varias ONG y centros educativos y de investigación, entre otros.

Proyectos

De las ideas y propuestas de proyectos recibidos, destacan las vinculadas con el turismo, las energías renovables, la agricultura y la ganadería. También se han recibido ideas para contribuir a la diversificación económica del territorio con iniciativas sobre alimentación, almacenamiento de energía, industria agroalimentaria y manufacturera, servicios a las empresas e ingeniería civil.

Todas las propuestas serán evaluadas como parte del proceso de elaboración de los Convenios de Transición Justa para las zonas de Velilla-Guardo, la Montaña Central Leonesa-La Robla y Bierzo-Laciana. Tras su selección, la ejecución de los proyectos se acompañará mediante diferentes líneas de ayuda y otros instrumentos de apoyo.

La firma de los Convenios, que incluirán las mejores propuestas para el desarrollo de empleo sostenible en las zonas, se producirá tras el fin de su proceso de elaboración.

Los Convenios de Transición Justa, que buscan unir la participación social con la profesionalización de los procesos, proponen trabajar en proyectos bien diseñados, con amplia participación de actores, transparentes e inclusivos, que identifiquen planes integrados de desarrollo territorial y garanticen la generación y fijación de empleo sostenible en el medio y largo plazo en las zonas afectadas. Además, instan a que se trate de los proyectos más adecuados en términos ambientales, sociales y económicos y que dinamicen la transición ecológica.

Reclamaciones de la Agrupación de municipios mineros

Apenas unas horas antes de que se publicase la firma entre las administraciones para el Convenio de Transición, la Agrupación de municipios mineros de Castilla y León, con sede en Fabero, emitió un comunicado con motivo del segundo aniversario del cierre total de la minería en la Comunidad, pues estos dos años transcurridos se traducen en que los trabajadores afectados están a punto de ver finalizadas sus prestaciones por desempleo. "Esto tiene un impacto humano directo y muy doloroso: significa que cientos y cientos de familias afrontan un futuro inmediato sin recursos económicos, peor que incierto. Porque a sus inminentes y dramáticas situaciones personales se une la ausencia de soluciones reales comprometidas por las diferentes administraciones", advierte la organización minera.

En este sentido, reclaman que ayudas reales tanto del Gobierno central como de la Junta de Castilla y León, "materializando todos sus muchos compromisos para con las cuencas mineras y con sus trabajadores, con sus debilitadas economías". También hacen referencia a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien apuntan que "está obligada a dar respuesta puntual a la dramática situación que sobreviene y cumplir de manera real y urgente también con la llamada Transición Justa que compense a estos municipios".

Hicieron alusión a "una Transición Justa que suena muy bien pero que ni es transición, puesto que se cerraron las minas y no se crea ninguna otra industria alternativa, ni es justa, porque deja tiradas a las personas afectadas en el más absoluto abandono y olvido. Así, sólo queda abocar a estas tierras a la emigración forzosa y, en consecuencia, a la desaparición de nuestros pueblos".

"Al igual que se agota nuestra paciencia, también se está agotando el poco crédito que les quedaba tanto al Ministerio como al Gobierno autonómico de Castilla y León. No nos queda más que dar un ultimátum, un grito, lanzar una última y desesperada exigencia de que, de una vez por todas, cumplan con su palabra y su firma. Sobre ellos pesa la obligación de poner en marcha todos los recursos económicos y materiales comprometidos, aquellos que de verdad podrían ser la última tabla de salvación de nuestra tierra. Para que de verdad sea justa nuestra transición hacia el difícil futuro que ya está aquí y para garantizar que, como nos prometieron, “nadie se va a quedar atrás” en este camino", finaliza su escrito.