Así, la instrucción a la que tuvo acceso Ical y que la Junta ha intentado adaptar a la situación excepcional que vive España, restringe las modalidades colectivas de caza, pero autoriza las de aguardo o espera para especies de caza mayor, como jabalí, ciervo y corzo. Para el conejo da luz verde a modalidades practicadas por una sola persona (espera, al salto o a rabo), pero también a las de carácter colectivo (incluida la caza con hurón), siempre que el número máximo de participantes sea de cuatro personas.
En este sentido, y con motivo del covid-19, la Consejería establece como medidas sanitarias preventivas cuando se trate de más de una persona, desplazamientos en vehículos de manera individual; guardar una distancia mínima de seguridad de un metro; y que los medios o vehículos a utilizar o que entren en contacto con otras personas se limpien con desinfectante, entre la que propone una solución formada por una parte de lejía por 49 de agua.
En este sentido, Ecologistas en Acción denunció que mientras la libertad de movimientos queda restringida a las actividades enumeradas en el Real Decreto, la Junta autoriza “la caza menor como una medida indispensable”. A juicio de la organización conservacionista, el decreto es “claro” y la justificación de la necesidad de la actividad permitida “como excepcional debe ser apropiada”. “De no ser causa mayor o situación de necesidad”no puede autorizarse. Esta circunstancia no concurre en el supuesto de la caza que permite la Administración regional”, comenta la organización.
“En estos momentos en los que se está exigiendo a la población que permanezca en sus hogares para controlar la expansión del virus resulta incomprensible que la Junta permita esta excepción a la norma y además autorice que se realice en grupos de cuatro personas, ocasionando movimientos de personas, en muchos casos de la ciudad al campo, sin justificación suficiente”, destacó.
Por último, se trata de “una arbitrariedad”, según la organización, que “refleja una vez más la incompetencia con la que gestiona la Consejería de Medio Ambiente, asumiendo un riesgo inaceptable y un menosprecio a la salud y bienestar colectivo”.