La mala gestión en la restauración de los cielos abiertos costará a la Junta casi 36 millones de euros.

El aval depositado por la empresa minera MSP para la reforestación de las explotaciones Nueva Julia, Fonfría, Salgueiro-Pregame Valdesegadas y Feixolín no llegó a los tres millones de euros.

21 de Octubre de 2017
Actualizado: 22 de Octubre de 2017 a las 10:44
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Filón Verde, la asociación ecologista que apuesta por devolver la biodiversidad a las zonas afectadas por las explotaciones a cielo abierto, ha denunciado que las reforestaciones de las explotaciones de Laciana y Babia costarán a la Junta de Castilla y León casi 36 millones de euros. Las empresas mineras tenían la obligación, a la hora de llevar a cabo una explotación, de depositar en la Junta un aval que garantizase la reforestación y restauración de los cielos abiertos una vez finalizasen los trabajos de explotación. La cantidad entregada como aval debería ser fijada por Medio Ambiente tras el estudio de impacto ambiental del proyecto.

En el año 2011, Filón Verde tuvo acceso a la documentación del pozo Nueva Julia, en el municipio leonés de Cabrillanes, y descubrió que la cantidad depositada como aval era demasiado escasa. A raíz de esto, la asociación presentó una queja a la fiscalía pero las diligencias fueron archivadas.

Ahora se ha conocido que el aval conjunto que MSP presentó por la explotación de Nueva Julia, Fonfría, Salgueiro-Pregame Valdesegadas y Feixolín, fue de 2.744.008 euros y los trabajos de reforestación a los que la Junta está obligada bajo amenaza de multa de la Unión Europea ascienden a 35,6 millones de euros.

Desde Filón Verde culpan directamente a Ricardo Mantero, Director General de Minas, y piden su dimisión. "Ya que no va a pagar con su patrimonio, que se vaya a su casa y deje el salario del último mes de propina", declara con sorna Victor Rodríguez, miembro del colectivo. En la misma línea se preguntan "quién fue el genio matemático que calculó una cantidad 17 veces inferior a la que finalmente tenemos que pagar entre todos".

Rodríguez, acusa a las administraciones de connivencia con las empresas mineras. "Las empresas hacen lo que la administración les deja", aseguran.