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La ministra de Hacienda entregará este jueves los Presupuestos de 2023 en el Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria

La ministra de Hacienda entregará este jueves los Presupuestos de 2023 en el Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria

Luis Boya

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, entrega mañana el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, con el fin de iniciar su tramitación parlamentaria, después de que este martes el texto fuera aprobado en Consejo de Ministros tras un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.

 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, entrega mañana el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, con el fin de iniciar su tramitación parlamentaria, después de que este martes el texto fuera aprobado en Consejo de Ministros tras un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Montero llegará a la Cámara Baja en torno a las 10.00 horas, acompañada por la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda; el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán; y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque.

 

 

Tras comparecer ante los medios gráficos en el Patio de Floridablanca, la ministra hará entrega del Proyecto de Ley a la presidenta del Congreso en el Salón de los Pasos Perdidos, como es habitual. Además, tras concluir el pleno del Congreso de los Diputados, sobre las 13.30 horas, la ministra de Hacienda y Función Pública ofrecerá una rueda de prensa en la Sala Ernest Lluch.

Se trata del séptimo año consecutivo en el que la tramitación del proyecto de Presupuestos no comienza dentro del plazo marcado por la Constitución, que en su artículo 134 establece que el proyecto de cuentas públicas debe presentarse al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, antes de finalizar septiembre. De esta forma, las cuentas de 2016 son las últimas cuya tramitación transcurrió dentro del plazo marcado de forma oficial.

En cualquier caso, esta demora de una semana no hace peligrar el objetivo de que las cuentas queden aprobadas antes de terminar el año, para así entrar en vigor el 1 de enero. De hecho, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece el Reglamento del Congreso de los Diputados, goza de preferencia en su tramitación sobre el resto de proyectos y proposiciones de ley, para ajustarse a los plazos establecidos.

 

 

Justicia social

Durante la presentación del los presupuestos este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero resaltó que “no puede haber justicia social sin eficiencia económica”, ya que esta justicia social es “condición necesaria para posibilitar el ensanchamiento de la clase media y trabajadora”. Montero destacó que estos incrementos no se han producido con la ayuda de los fondos europeos Next Generation-EU, por lo que se trata de un “cambio estructural”.

En cuanto a la atención a la dependencia, habrá subido al fin de la legislatura un 150 por ciento respecto a las últimas cuentas del PP, hasta los 3.522 millones. La política de igualdad habrá subido un 24 por ciento, hasta los 260 millones de euros. “El Gobierno tiene una idea muy clara de lo que quiere como país, con mayor justicia social y mayor prosperidad económica”, señaló.

La ministra apuntó que el sector público “no es un lastre” sino que es “uno de los motores que nos permiten la creación de empleo”. En este sentido, resaltó el incremento en gasto de personal de un 6,6 por ciento, hasta los 20.502 millones, algo que se explica “por la mejora salarial del 2,5 por ciento que experimentará el gasto de personal y que se podrá incrementar en un punto adicional en función de cómo se comporte la inflación y el crecimiento”.

Sobre el escollo en el cierre del acuerdo con Unidas Podemos por la Ley de Vivienda, Montero señaló que “no parece lógico” que el año pasado se acordasen los presupuestos tras pactar los socios de Gobierno la tramitación del anteproyecto de ley y que este año las cuentas vuelvan a depender de la misma normativa.

 

 

Partidas

El Gobierno elevará el gasto social hasta los 266.719 millones de euros en el año 2023. “Si dejamos fuera los fondos europeos, seis de cada diez euros corresponden a gasto social”, aseveró la ministra de Hacienda, que indicó que es “la mayor cifra nunca registrada para estas partidas”.

Asimismo, explicó que la revalorización de las pensiones para el próximo ejercicio será del 8,5 por ciento, una cifra que se calculará en noviembre con la media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC). En concreto, Montero anunció que la política de pensiones se incrementará en un 11,4 por ciento, sumando a los pensionistas que se incorporen a las prestaciones, pero también una revalorización de las pensiones que se situará en torno al 8,5 por ciento y que “se medirá en el mes de noviembre como establece la ley que aprobó este Gobierno”. Además, se transferirán casi 2.540 millones para “dar cobertura” a la subida de prestaciones como las pensiones no contributivas o por nacimiento y cuidado de un menor.

La política sanitaria tiene una subida en su presupuesto del 6,7 por ciento, con 172 millones de euros para la atención primaria y 500 millones “en infraestructuras, principalmente dirigidas a la salud mental y la Atención Primaria”. También se transferirán 50 millones de euros a los centros universitarios para aumentar las plazas de estudiantes de medicina. En Dependencia, el gasto se incrementa en 600 millones de euros y en educación la subida es del 6,6 por ciento. Montero destacó la partida de becas, con un incremento de 390 millones “para que ningún joven se quede sin estudiar en la universidad”.

El Ministerio de Transportes incrementa su presupuesto un 41,2 por ciento, hasta los 700 millones, siendo “la mayor parte de esta cifra” la transferencia a Renfe para mantener la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia. “Vamos a convertir esta política en estructural y queremos ver los resultados concretos que aporta el transporte público para la transición ecológica”, indicó. La partida de Vivienda se incrementa, por su parte, un 5,4 por ciento, hasta los 3.472 millones de euros, debido a la introducción de un plan de alquileres “asequibles” de 260 millones de euros y la consolidación del Bono Alquiler Joven, con 200 millones.

Por otro lado, Montero explicó que se produce un incremento en Agricultura, Industria, Energía, Comercio, Pymes, Desarrollo e Innovación. “Es aquí donde se visibiliza el impacto de los fondos europeos”, señaló Montero, quien recordó que los presupuestos contemplan 30.000 millones de los fondos de recuperación y de la última anualidad de React-UE. Montero destacó la subida del 22 por ciento en la partida de I+D+i, hasta los 16.328 millones de euros.

Para el Ministerio de Defensa, se recoge un aumento del 25 por ciento del gasto militar al elevar la partida de los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa. La ministra señaló que “estos programas especiales modernizan nuestras Fuerzas Armadas y se computan en distintas anualidades”. Para 2023 “asciende a 4.900 millones y la mayor parte de esta cifra corresponde a contratos para la industria nacional”. Sin contar estos programas, el Ministerio aumentará sus recursos en un 6,5 por ciento, cifra que se incrementa hasta el 8,4 por ciento si se incluyen los fondos europeos.

Montero destacó que “sólo dos partidas” experimentan una caída en el presupuesto respecto al año anterior. Son gasto en desempleo “por el mejor comportamiento del mercado laboral” y el de servicios de carácter general, “por los menores recursos de financiación al déficit que experimentan otras administraciones”.

 

 

Recaudación

Para el proyecto de presupuestos, el Gobierno contempla unos ingresos tributarios de 262.781 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 7,7 por ciento con respecto a la previsión de cierre de 2022, al recaudar 18.710 millones más. Teniendo en cuenta también los ingresos no tributarios, los ingresos no financieros se elevarán hasta los 307.445 millones de euros, un 6 por ciento más que este año, con 17.422 millones adicionales. “Es un presupuesto prudente y en línea con la responsabilidad fiscal”, destacó Montero, quien señaló que permitirá reducir el déficit público hasta el 3,9 por ciento, en línea con lo comprometido con Bruselas.

Entre los distintos impuestos, por IRPF el Gobierno espera recaudar 113.123 millones, un 7,7 por ciento más con 8.083 millones adicionales, y 28.519 millones por el impuesto de sociedades, también un 7,7 por ciento más con 2.036 millones adicionales. Además, por IVA prevé una recaudación de 86.093 millones, un 5,9 por ciento más con 4.782 millones adicionales.

Entre las novedades fiscales, destaca la creación del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas para patrimonios netos superiores a tres millones de euros. En el pago de esta nueva figura de carácter temporal, será deducible la cuota del impuesto sobre el patrimonio satisfecha a la comunidad autónoma correspondiente. Sobre su continuidad más allá de los dos años de vigencia previstos, respondió que “una vez que termine ese periodo evaluaremos” y se decidirá si se plantea “la política fiscal de aquellas grandes empresas de una forma sosegada y que nos permita”.

Montero destacó que se han elaborado las cuentas con un ‘techo de gasto’, de 198.221 millones de euros para 2023, lo que supone un gasto “récord” y un incremento del 1,1 por ciento más sobre el de 2022. Sin contar con los fondos europeos, la cifra es de 173.065 millones, un 1,9 por ciento más, lo que también es un “hito sin precedentes en la historia presupuestaria”.

 

Montero destacó que “sólo dos partidas” experimentan una caída en el presupuesto respecto al año anterior

El Gobierno elevará el gasto social hasta los 266.719 millones de euros en el año 2023

“Si dejamos fuera los fondos europeos, seis de cada diez euros corresponden a gasto social”, aseveró la ministra de Hacienda, que indicó que es “la mayor cifra nunca registrada para estas partidas”

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